Los escándalos, que no casos, Cursach y Salamanca explican muy bien el significado de la "información vaginal" de la que se jactó Villarejo ante Dolores Delgado y el dueño de su copa y ministerio, Baltasar Garzón. Que Bartolomé Cursach, rey del hampa nocturna balear (seguir llamando "ocio" al negocio de un acusado de dieciocho delitos y todas las variantes de corrupción, violencia y el crimen organizado, me parece un eufemismo ridículo), siga en libertad sólo se explica por una sistemática corrupción judicial y policial.
Y ha hecho falta que la policía, por mandato de un juez, se presentara en el Diario de Mallorca para incautarse de los móviles de periodistas con datos de los infinitos delitos fiscales de Cursach, para que el escándalo saltara, por fin, el muro de silencio de un archipiélago en el que la omertá periodística ha ido de la mano de la política e institucional.
¿Acaso pensaban los protectores durante décadas de ese vertedero político llamado Unión Mallorquina, aliado del PP y del PSOE y socio sempiterno del catalanismo que ahora arrasa las Baleares, que el delito común y el chantaje generalizado se detendrían en la actividad diurna? ¿Creyeron que el encubrimiento político, fiscal, policial, y finalmente, judicial, se limitaría a los culiparlantes del parlamento regional? Para mí, el Caso Cursach es la continuación del de María Antonia Munar. Y ambos, el síntoma de un cáncer que, si llegara el cambio a la política española, habría que afrontar con absoluta urgencia y con la más extrema contundencia.
Cuando el delincuente instruye su propio caso
Hay veces en que un titular periodístico sustituye ventajosamente a un tratado de Derecho Penal. Es el caso de una columna de Matías Vallés en el Diario de Mallorca: "Cursach instruye su propio caso". O el de su vídeo sarcástico: "Cursach será nombrado juez sustituto plenipotenciario". El sarcasmo, en este caso, no es hiperbólico, sino descriptivo. Es tal el poder del "padrino" balear en la policía, la fiscalía y la judicatura –en los medios, la corrupción se advierte por la precaución informativa– que ha conseguido algo sólo al alcance de las cloacas policiales y judiciales, unidas indeleblemente en la celebérrima grabación de Villarejo. Porque, hasta ahora, para corromper los más altos niveles de los organismos del Estado había que estar dentro, con uniforme o toga. Cursach ha conseguido instruir su caso sin ser juez ni policía. Le basta comprarlos o chantajearlos.
Es verdad que empresarios con relevancia política –el caso más claro es el de Polanco y las infinitas irregularidades del Grupo Prisa–, entidades financieras, partidos políticos y Gobiernos diversos han conseguido torcer la mano o levantar la venda de los ojos de la Justicia. Es sabido el precio que Polanco puso a la cabeza del juez Liaño: mil millones de pesetas; y se la cobró. Pero el jerarca de Prisa, con Garzón revoloteando, los banqueros amigos de Campechano y las cloacas policiales y judiciales del PSOE no actuaban en el negocio "nocturno" de la prostitución y el tráfico de drogas. Pero era inevitable que la fórmula del chantaje sexual a jueces y fiscales, políticos, empresarios y periodistas, con "éxito asegurado" según la todavía ministra de Justicia, se extendiera al ámbito de la criminalidad común.
Nadie es inmune al chantaje
Yo no creo que casi todos los jueces, fiscales y policías en Mallorca, aunque sean muchos los que aseguran el ámbito de impunidad de Cursach, estén sobornados. Sí creo que todos los ciudadanos podemos ser objeto de chantaje sexual, con fundamento o por algún tipo de montaje. El resultado es el mismo. Cualquiera puede resistir un soborno de muchos euros, pero no es fácil, y menos aún si se lleva uniforme o toga, resistir un chantaje de tipo sexual, al margen de que venga de una conducta habitual o una trampa.
Esa es la "información vaginal" de la que presumía Villarejo, con el aplauso y la complicidad de la cúpula policial y judicial de la Audiencia en la cinta célebre, que muestra que, en España, como en la Roma imperial, hay una Cloaca Máxima en la que desembocan todas las alcantarillas. En tiempos de Garzón era, sobre todo, la Audiencia Nacional. Pero hay otras evidencias de corrupción al máximo nivel, el del Supremo, que Delgado misma delata al revelar a Villarejo supuestos comportamientos sexuales delictivos con menores en Colombia. Por cierto, aquellos viajeros aludidos anunciaron querellas contra la ministra y su entorno. ¿Presentaron alguna?
Seguramente, no. Y se equivocaría el que pensara que se debe a que habían perpetrado los delitos que les atribuía la ministra. En La Sexta, una pretensión de inocencia astutamente adjetivada equivale a una acusación, en rigor, a una condena, que mancha hasta cuando dice que limpia. Así que los jueces que no denunciaron la calumnia actuaron lógicamente pensando en su interés personal. En el de la sociedad, evidentemente, no pensaron.
Y esta es, en una sociedad democrática que presume de tener todas las garantías del Estado de Derecho, la corrupción en su estado máximo: el sálvese quien pueda, personal o corporativo, el salvar las apariencias de un tipo de chantaje que otras profesiones o individuos, más débiles, no pueden evitar porque no son jueces, fiscales, policías, políticos o periodistas.
Acostumbrarse a la corrupción
Las acusaciones a Cursach, que incluyen el asesinato, tenían un punto clave: la corrupción de políticos, jueces y policías, invitados a orgías de sexo y drogas a todo lujo, que los convertían en rehenes del hampa. No extraña que la testigo protegida que lo denunció pueda desaparecer o perder la memoria o que la Fiscalía actúe contra un fiscal que no se rinde, aunque eso y mucho más se da en el Caso Cursach; y algo debería hacer el CGPJ al respecto. No hace falta, aunque nunca falte, el sobre que completa el magro sueldo. Basta la grabación, la "información vaginal" a una o un profesional del sexo, la confidencia del borracho, o pasado de coca o enamoriscado. Basta una sola noche. Una sola vez. Cuando pasa una, pasa mil y una. Y los que no aceptan el trato, son orillados y difamados por los que sí aceptan. Luego hay medios y periodistas sin escrúpulos que completan el círculo del chantaje. Y así, con los años y los silencios, se teje una trama inextricable.
Pero, cuando se acepta que alguien que sabemos que está implicada al máximo nivel en esa trama de corrupción y chantaje a jueces y fiscales es nada menos que la ministra de Justicia, ¿con qué fuerza se la va a jugar un juez o un fiscal o un policía? Sólo con la de su moral personal, con la ética de un cuerpo policial o un estamento judicial. Pero siendo suficiente el valor personal, la integridad material, hay que velar por la seguridad del funcionario decente. No tener el ejemplo de la indecencia al máximo nivel.
Coda: el Caso Salamanca
Termino con una prueba de que hay capacidad de sobra para actuar contra la corrupción y que basta con que en las instancias normales se actúe con normalidad contra las anormalidades evidentes en la actuación judicial o policiales para que la gangrena se cauterice. Se ha ordenado la reapertura del Caso Salamanca, famoso expolicía, socio de Villarejo y otros hampones del gremio, que habría velado muchos años los trajines del hampa china en el aeropuerto de Barajas. Y en la reapertura, tras el inexplicable retraso del procedimiento, ha desaparecido, por el suave trámite del ascenso, el juez De Egea. Que le vaya bien. Veremos si le empieza a ir mejor a la Justicia.