Probablemente la razón jurídica más sólida para destituir y procesar por corrupción al Presidente de Venezuela Hugo Chávez sea la financiación ilegal con fondos extranjeros de su campaña de 1999. Luis Miquilena y Alejandro Armas, que fueron mano derecha y media mano izquierda del militarote en sus primeros tiempos de gobierno, han confirmado a la prensa de Caracas que las dos entregas detectadas por el juez Garzón de los dos mayores bancos españoles (1.5 y 1.8 millones de dólares, del BBVA y el BSCH respectivamente) fueron utilizados con pleno conocimiento del entonces candidato. Como además de provenir del extranjero (aunque esto pueda ser legalmente discutible si la entrega se hizo a través de filiales locales) el dinero no se contabilizó en los gastos de campaña, son dos los delitos cometidos por Chávez. El primero, tal vez de honor, en quien ha hecho del nacionalismo y del patrioterismo más demagógico uno de sus argumentos políticos esenciales. El segundo, absolutamente deshonroso, propio de quien ha confundido desde hace mucho tiempo lo privado y lo público, lo que es de Venezuela y lo que es de Chávez. Por el primero cabe desacreditarlo. Por el segundo, destituirlo y mandarlo a la cárcel.
Naturalmente, todo dependerá de la relación de fuerzas que el chavismo y la oposición demuestren en el área judicial, sujeta a todas las politizaciones y tensiones desde que Chávez, atacando la evidente corrupción de la Justicia, acabó con la ficticia separación de poderes y se apropió los tres, si bien la criada judicial le está últimamente saliendo respondona. Pero el mero hecho de que el enjuiciamiento de Chávez y de sus opositores, civiles o militares, legales o ilegales, se sitúe ante los tribunales muestra que el futuro político venezolano va camino de la dictadura descarada del chavismo, de su deposición violenta o de la guerra civil, las tres posibilidades transitando en estos momentos el camino del caos.
Pero el hecho constituye también un baldón y una deslegitimación de las inversiones españolas en Iberoamérica, que no por ser privadas o de empresas recientemente privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol) dejan de afectar gravemente a la imagen de España en su conjunto. Si en Argentina o incluso en Chile los empresarios y banqueros españoles no vacilaron en corromperse corrompiendo a los corruptos funcionarios y dirigentes políticos del país para hacerse con el control de empresas y concesiones supuestamente rentables (aunque la realidad ha demostrado que podían ser ruinosas), el apoyo de los bancos españoles a Chávez, un demagogo dictatorial cuyo modelo político declarado eran y son los regímenes terroristas más repugnantes del mundo, desde Castro a Gadaffi pasando por Sadam Hussein, es algo que va más allá de la corrupción. Es un verdadero crimen contra Venezuela y contra España, porque es un crimen contra la libertad. Además de tener que justificar, es decir, que pagar muy caro, esa utilización de dinero negro, los bancos españoles deberían asumir públicamente sus culpas, pedir perdón y, desde luego, aprender la lección. No sólo hay que ser honrado, incluso en Iberoamérica. Es que no serlo, además de una inmoralidad, puede resultar y resulta un pésimo negocio.
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