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Federico Jiménez Losantos

El "juancarlismo" de Prisa o la Corte de la Memoria Histórica

'El País' le ha inventado un peligro al Rey para protegerlo, o sea, para mantenerlo como rehén político.

En los últimos días, El País de Cebrián y Liberty Fund (lo único que entienden de la Libertad son los fondos) está multiplicando las injurias, admoniciones, bendiciones y excomuniones como en sus mejores tiempos, por ventura ya finiquitados. Todos los días perpetran alguna sábana para tratar de quitarle importancia al hallazgo del vagón del 11M por Libertad Digital y amenazar a Torres Dulce para que no se atreva a hacer de verdad lo que ya se ha atrevido a comenzar, que es investigar el hallazgo y la más que evidente prueba de obstrucción a la Justicia que supone su ocultación.

Pero acaso animado por los ocho millones de euros de gratificación que la empresa de Cebrián ha concedido a Cebrián por atraer accionistas al accionariado del disminuido imperio (uno pensaba que eso era lo que justificaba el sueldo de un consejero delegado), el numen prisaico ha decidido reeditar una de las alianzas más fructíferas del difunto Polanco, la que convirtió al Rey en feliz rehén de Prisa y a Prisa en interlocutor privilegiado del Rey. El Rey ha hecho lo que ha querido en asuntos de negocios con el beneplácito de la progresía; y el órgano de la Izquierda instalada, igual. Pero de los órganos que nacen de funciones liberticidas no cabe esperar nada bueno. En El linchamiento describo el comportamiento liberticida del Rey contra la COPE, cuando se alineó de forma inmoral y anticonstitucional con los linchadores de la Izquierda. Al libro me remito.

Pero la llegada de Javier Ayuso, ex-director de Cinco Días y colaborador de El País, a la jefatura de prensa de la Casa del Rey ha reeditado de forma grotesca esa simbiosis contra-natura del medio más poderoso de la izquierda con la monarquía, institución conservadora por definición. Hace un par de días El País publicó un editorial tan largo como ridículo en el que sostenía tres mentiras para combatir dos verdades. Es verdad que el caso Urdangarín ha deteriorado la imagen de la institución que ha sido incapaz de echar de su seno a los implicados en el saqueo de fondos públicos y privados utilizando como tarjeta de crédito el crédito de la Corona. Y es verdad que eso ha suscitado, como en todos los países con monarquías constitucionales, el debate sobre la conveniencia de la república como forma de Estado. En España, el primero en hacerlo fue el Rey cuando se declaró "republicano". Supongo que, como Ikea, "de la república de su casa", pero republicano al fin. Vamos, que el primer antimonárquico de España es Juan Carlos I. Y los cortesanos que gasta no lo desmienten.

Pero es mentira que se haya producido un movimiento antimonárquico en serio a partir del caso Urdangarín. Podría haberlo y sería legítimo, sólo faltaría que no pudiéramos discutir la forma de Estado, sobre todo cuando pierde las formas, pero no ha habido tal cosa. El País le ha inventado un peligro al Rey para protegerlo, o sea, para mantenerlo como rehén político.

También es mentira que los negocios, o sea, los atracos, de Urdangarín sean de Urdangarín. Son del yerno del Rey, del marido de la Infanta, del cuñado del Príncipe de Asturias y de la infanta Elena. Sin ese parentesco, sin su pertenencia a la Familia Real en calidad de consorte, Urdangarín no habría conseguido ni un euro de los muchos millones que ha afanado. El argumento de que el Rey trató de impedir los negocios sucios de un sinvergüenza que, por azares de la vida, es yerno suyo, resulta ridículo. En vez de mandarlo a los USA aprovechando la Jefatura del Estado para que Telefónica lo alejase de España después destaparse el caso Palma Arena, el Rey podría haberlo forzado a devolver el dinero mal habido, a medias con la infanta Cristina, pero no lo hizo. Si le advirtió de que no volviera a sus prácticas delictivas y "no ejemplares" pero Urdangarín no le hizo caso y la infanta le respaldó en lo moral y, por supuesto, en lo material, la única solución para el Rey era expulsarlo de la Familia Real. Pero ni lo denunció a la Justicia, ni obligó a la Infanta y a su yerno a devolver el dinero ni fue capaz de expulsar a ambos de la Casa Real.

Y es mentira que el Rey, con su comportamiento en el caso Urdangarín (aunque los haya exhibido peores, solo o en compañía de otras), sea hoy un baluarte de la legalidad, la Constitución y la democracia. Si algo significan los dos minutos de ovación al Rey de una casta política corrompida y corruptora, que nos ha llevado a la peor crisis económica y política de nuestra historia, es que se aplaude la complicidad del Rey y su falta de oposición al proceso de ruina moral y material de España. Que El País arranque con esa exhibición de fariseísmo en las Cortes como argumento de autoridad muestra el escasísimo argumentario del editorial de marras.

Hay algo aún peor, la mentira dentro de la mentira, y es que el Rey sea lo mismo que la monarquía. Si algo significa la Monarquía es que siempre será más que un rey o una reina. Y la SER, en su estilo de chafarrinón, lo ha confesado al reforzar este fin de semana el grotesco editorial de su periódico-madre diciendo que "aquí todos somos juancarlistas". Eso, dada la edad y salud del Rey, amén de su incapacidad para impedir el caso Urdangarín, supone que la Izquierda instalada es juancarlista en la misma medida en que es antimonárquica. Lo cual, repito, sería legítimo, si se expusiera con claridad y decoro intelectual. No es así. Es justo lo contrario.

Y lo más sórdido de esta defensa de lo indefendible y del aparatoso apoyo prisaico al Rey es que dejan al Príncipe ante la herencia de una degradación, que es la de la Corona ante la opinión pública. Toda la operación de Prisa es una apuesta por una monarquía de un solo Rey, el actual, que es el único que les interesa a ellos. Y tiene bemoles que esa defensa del Rey la hagan los máximos defensores de la Ley de Memoria Histórica, que deslegitimaba de raíz a Juan Carlos I como heredero de Franco a título de Rey. Y de paso, a la Transición. Y, de paso, a las instituciones que supieron pasar "de la ley a la ley", cambiando la dictadura por algo que, treinta y cinco años después de las primeras elecciones libres, debería parecerse más a una democracia.

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