En España se produce un fenómeno absolutamente inédito en la Europa Occidental y es que los avatares de la división de poderes, conflictivos por naturaleza puesto que están hechos para equilibrarse mutuamente, han derivado en una situación que es la expresa negación del Estado de Derecho. En nuestro país existe la legalidad, es decir que el Gobierno está encargado de cumplir y hacer cumplir la legalidad emanada del Parlamento y de proteger la independencia de los jueces para que éstos lleven a cabo la función propia de la Administración de Justicia. Existe, por tanto, la legalidad que debe cumplirse, la ilegalidad que debe perseguirse y, en el caso de vacío legal, la alegalidad que debe subsanarse mediante la promulgación o reforma de las leyes.
Hasta ahí, lo normal. Pero en España hay otra situación fuera de la legalidad, la ilegalidad y la alegalidad, que es la “polanquidad”, Polanco como ciudadano y su imperio como grupo de empresas están no sólo al margen de la ley sino expresamente protegidos de sus efectos por una especie de prevaricación generalizada que incluye a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A Polanco le permitieron, contra la ley, comprar la primera cadena de radio siendo dueño de la segunda y cerrarla. La operación fue fraguada a medias por el Gobierno del PSOE y Polanco, con la cobarde colaboración del Trinbunal de la Competencia. A Polanco lo condenó por ello, pasados muchos años, el Supremo y lo confirmó el Constitucional. Pero entre el Constitucional y el Gobierno callaron primero durante seis meses que existía esa sentencia y luego otros seis para reconocerla y sólo por presión de algunos medios dictaron su ejecución.
Han pasado dos años y ni Polanco cumple ni el Gobierno lo reclama. Mientras tanto, Polanco echó de la carrera judicial por supuesta prevaricación al juez Liaño, que pretendió averiguar irregularidades clamorosas en Sogecable. El juez Bacigalupo, un delincuente fiscal que se niega a renunciar al cargo, fue el verdugo de Don Jesús. Y además el Gobierno Aznar ha permitido que durante dos años Polanco creara una red nacional de emisoras de televisión basada en televisiones locales pero sin ocultar la vulneración de la ley. Y el Gobierno no hace absolutamente nada. De los jueces, poco cabe esperar. Y de los medios... casi tan poco como de los jueces y del Gobierno, porque los que no son suyos le están sometidos y los pocos rivales no pueden contra él. O sea, que España es un Estado de Derecho... y de Polanco. Lo segundo anula lo primero.
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