Gescartera: el Gobierno sin argumentos
El próximo jueves, en la presentación de enmiendas a las conclusiones de la Comisión de Gescartera, la Oposición pedirá una prórroga de un mes para incorporar a sus argumentos los últimos y espectaculares datos sobre las declaraciones de Hacienda y Patrimonio de Luis Ramallo, Pilar Valiente y Enrique Giménez Reyna. Efectivamente, para desdicha plítica del Gobierno y para bochorno de la ciudadanía, lo publicado desde que oficialmente se dio carpetazo formal a la Comisión es tanto y tan grave que arruina definitivamente su credibilidad como servidores públicos y acredita las peores sospechas sobre enriquecimiento ilícito aprovechando sus cargos en Hacienda y, tal vez, la propia CNMV. En nuestras secciones informativas han tenido desde el primer momento los lectores de Libertad Digital cumplida información sobre los aspectos más grotescos de este fallido intento de disimular sus bienes por parte del trío célebre y, en especial, hoy puede comprobarse la contumacia de Enrique Giménez-Reyna en vulnerar todas las normas de la ética y todas las restricciones de la Ley para enriquecerse. Nada menos que setenta empresas y sociedades le pagaron por sus servicios de asesoría “intelectual” mientras era Director General de Tributos, entre el 1996 el 2000. Semejante voracidad prevaricadora no la atisbábamos desde tiempos de Mariano Rubio. Bulimia financiera tan depredadora no la recordábamos desde tiempos de Luis Roldán.
La vertiginosa degradación de la imagen profesional y personal de quienes –aparte de algún oscuro administrador de instituciones oficiales estafadas en Gescartera- han sido hasta ahora las únicas víctimas políticas del escándalo, deja al Gobierno sin argumentos políticos y le obliga a elegir entre dos posibilidades igualmente malas: cerrar vergonzantemente la Comisión cuando empiezan a aparecer los datos que el propio Gobierno –de una u otra forma- le ha ocultado; o reabrirla mediante el recurso técnico de la ampliación de plazos y abordar de verdad aquel “caiga quien caiga” anunciado por Aznar que, por obra y gracia de la mayoría absoluta, se convirtió en un acto de exaltación del Gobierno y de desagravio a los injustamente dimitidos o degradados: Valiente, Giménez-Reyna y el mismísimo Ramallo. Si el jueves se niega la ampliación de plazo de la Comisión, será patente la falta de voluntad gubernamental de aclarar los extremos de este escándalo y su negativa a asumir cualquier responsabilidad política. Si la admite, en la práctica debería empezar de nuevo la Comisión. La ética aconsejaría lo segundo. La política hace temer lo primero.
Ahora bien, cuando hay presuntos y más que presuntos delitos de por medio, la batalla política a la que el parlamento cierra sus puertas se traslada a los medios de comunicación y a los tribunales. Estaríamos de nuevo en un escenario típico de la última época del felipismo, cuando todas las batallas políticas lo eran contra el tiempo y cuando no había más estrategia gubernamental que la de sobrevivir, llegar al día siguiente a cualquier precio, que normalmente pasaba por la manipulación informativa y el cierre d los medios de comunicación críticos e independientes. Preparémonos, pues para lo peor. Porque en Gescartera todo lo que podía empeorar sigue empeorando. Sólo el Gobierno puede invertir esta tendencia. Sólo Aznar puede frenar este lento deslizarse por la cuesta abajo de una situación y una política que ya no podremos llamar felipistas. "Venimos a continuar la Historia de España", dijo Cánovas en frase que le gusta mucho al Presidente. Ojalá no se empeñe en que también continúe la saga de Roldán.
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