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Federico Jiménez Losantos

Gescartera se ha cerrado en falso

Federico Jiménez Losantos
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No han pasado dos días desde que la mayoría aritmética del PP y CiU decretó la absolución política del Gobierno en el caso Gescartera y ya empiezan a acumularse las pruebas de que en la comisión investigadora se ha querido tapar más de lo que se ha buscado descubrir. En cuanto se ha aflojado el dogal político que lo impedía, aflora el material informativo incandescente. Desde la confesión de Folgado de que el HSBC incumplió de forma reiterada y sistemática la normativa que impide abrir cuentas corrientes sin identificar a su titular, hasta el descubrimiento de que las declaraciones de Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente sobre su renta y patrimonio son groseras burlas al control institucional de los servidores públicos, todo indica que ministerios y otras fuentes de datos se están deshaciendo a toda prisa de la documentación comprometedora embalsada hasta que se ha dado carpetazo a la comisión.

El Ministerio de Administraciones Públicas aduce que ha entregado los datos publicados por “El Mundo” sobre la sorprendente infravaloración del patrimonio de Pilar Valiente –que algunos siguen interpretando en clave exculpatoria– una vez que la comisión ha concluido su trabajo porque los servicios jurídicos del Estado han tardado en dar el visto bueno a la entrega de tan sensible y escandalosa documentación. Posadas ahora –como antes Jaime Caruana al revelar sorpresivamente las 138 cuentas “cifradas” del HSBC– no quiere asumir una responsabilidad política de ocultación de datos escandalosos y asegura que no ha sido suya la iniciativa de demorar el conocimiento público de los mismos. ¿Cuántos datos como los que hemos conocido tras el funeral de la comisión de Gescartera van a suministrarnos ahora todos los que debieron hacerlo cuando la investigación estaba políticamente viva y acarreaba consecuencias de la máxima gravedad? No sabemos cuántos, pero sí podemos dar por seguro que éstos no serán los últimos.

¿Por qué tiene importancia que la comisión y, por ende, la opinión pública, no hayan tenido hasta ahora los datos de la declaración oficial de renta y patrimonio de Pilar Valiente o Enrique Giménez Reyna? Pues porque la tesis oficial de que no hay responsabilidad política a un nivel más alto que el de estos dos dimitidos y que incluso su responsabilidad corresponde a simples errores técnicos es mucho más difícil de mantener si se comprueba que ambos han ocultado los datos reales de su patrimonio, hasta el extremo risible de tasar un piso junto al Bernabéu en dos millones de pesetas. ¿Homenaje al legendario presidente madridista, que debió comprar después de la guerra los terrenos a esos precios? Si hubiéramos conocido antes la sorprendente flexibilidad de la presidenta de la CNMV y el secretario de Estado de Hacienda al valorar su patrimonio, otro hubiera sido el discurrir de la comisión. No estamos, como dijo el Gobierno, ante servidores públicos con una acreditada trayectoria de probidad, sino ante cargos políticos bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Dice Enrique Giménez-Reyna que “se le olvidó” declarar a Hacienda dos cuentas que tenía en Gescartera. A otro perro con ese hueso. Al Gobierno es al que se le ha olvidado contar lo que sabe y averiguar lo que no sabía de este escándalo. Pero ya nos iremos enterando. Para la verdad, nunca es tarde.

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