Pues señor, hete aquí de nuevo al felipismo judicial tocando el bombo. Hete aquí al grupo parlamentario del PSOE aporreando el parche, soplando el pífano y entrechocando febrilmente los platillos para que nos demos cuenta de que existe, de que no fue una pesadilla, de que en medio del parlamento anida una cría de aves –vulgo pájaros- para los que la defensa de su tribu en no importa qué desafuero, desliz, delito o atropello es más importante que la ética, que la estética, que la prudencia y que el decoro. Salir -como ha salido Barrero en funciones de María Teresa Fernández de la Vega, verdadera jefa del ala político-judicial del PSOE e íntima del implicado López Ortega- criticando al fiscal Luzón porque megarse a enterrar el caso de los jueces que soltaron al Narco Volador demuestra que hay toda una generación de políticos felipistas para los que no hay remedio ni reciclaje posibles: o el despido, o la jubilación o la aplicación estricta del Código Penal. Ni saben escribir la Ley, ni si la escriben la defienden, ni si la defienden la respetan, ni si la respetan se la aplican. Es el primer caso en la fauna política europea de unos legisladores que se consideran a sí mismos fuera de la Ley. Y, en efecto, en muchos sentidos, lo están. Es como el harakiri del franquismo pero al revés.
Que en lugar de pedir públicamente la renuncia del Juez Defraudador los autodenominados “Jueces para la Democracia” sigan atacando al juez Liaño, víctima, que no autor, del mayor caso de prevaricación de la justicia española, prueba que la maldad humana puede coexistir con la venalidad profesional y ambas con la desvergüenza cívica. Y que el peronismo ha arraigado definitivamente a orillas del Manzanares y aún del Bernabéu. Pero que Barrero y/o De la Vega se atrevan a comparar el final del insignificante “Caso Matas” con el escándalo de la suelta del Narco Volador por toda una sala de la Audiencia Nacional y que le achaquen al Gobierno y a un supuesto incumplimiento del “Pacto por la Justicia” que el fiscal del Supremo no acepte la desvergonzada absolución de unos jueces por otros, demuestra dos cosas: que Luzón ha hecho lo que debía, puesto la Banda de las Puñetas Coloradas (el rubor que se echa en falta en sus pétreas faces) toca el bombo y aporrea el parche con frenesí; y que lo que debe hacer el Gobierno con el Pacto contra la Justicia es enterrarlo de una puñetera vez y empezar a perseguir la corrupción judicial allí donde se produce. Que no es sólo en los juzgados.
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