Muy probablemente, mañana dará un gran paso la demolición del régimen constitucional del 78 por la cúpula judicial (T. Supremo y T. Constitucional) que empezó con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, epítome de la sentencia de Rumasa, y, tras los repartos de jueces del CGPJ, alcanzó su pico de infamia en la sentencia del 11M, un "himalaya de mentiras", como definió Besteiro la Guerra Civil contada por los suyos.
Ahora llegará la tabarra de "cerrar heridas", "buscar salidas", "tender puentes", "abrir cauces para el diálogo" y, sobre todo, "acatar la sentencia judicial", o sea, como dije la semana pasada, ovacionarla. La unanimidad mediática debe coronar la unanimidad judicial y la casi total unanimidad de los partidos políticos, como en el 11M. Los ayer conspiranoicos, seremos golpistas mañana por pedir más severidad contra el Golpe. "La mentira es la primera de las fuerzas que mueven el mundo", dijo Revel. Y lo clavó.
Condenado por rebelión, sólo Franco
En pocos días, el Tribunal Supremo, en dos salas distintas, pero no muy distantes, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, habrá condenado a Franco por el delito de rebelión contra el orden revolucionario del Frente Popular hace 80 años, ordenando su exhumación y entierro donde diga el Gobierno, contra el deseo de la familia y tomando la abadía donde yacían sus restos hace 44 años. A cambio, habrá absuelto del delito de rebelión a los golpistas de Cataluña hace dos, que según los marchenas habrían cometido un delito de sedición contra el orden público, no de rebelión contra el orden Constitucional. El juez instructor Llarena, los cuatro fiscales, el abogado del Estado cuando lo hubo (Edmundo Bal) confundieron absurdamente una algarada con un golpe de Estado. Y que, en justo castigo a su ceguera, quedarán unánimemente desacreditados.
Resulta que, unánimemente confundidos por la brutal elocuencia de los hechos probados y ayunos de la astuta ceguera de la casta politijudicial, el juez instructor, la fiscalía y la abogacía del Estado coincidieron en que, al producirse la anulación de derechos constitucionales en el Parlamento Catalán el 5 y 6 de Septiembre, al celebrarse violentamente el referéndum ilegal, al cercar y asaltar la consejería de Hacienda haciendo huir a los funcionarios, y al proclamarse la independencia de la República Catalana, con la complicidad de los Mozos de Escuadra, se produjo un Golpe de Estado y se incurrió, según el Código Penal, en el delito de rebelión por "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", y encima, por las instituciones que lo representan y deberían proteger su integridad. Pues no, abolir un Estado y crear otro no es un Golpe de Estado, ¡idiotas!
El Caso Liaño y la corrupción judicial
Esta misma semana, hemos tenido noticia de lo que hace décadas se barruntaba: el pago de 200.000 dólares por el Grupo Prisa al juez del Supremo Enrique Bacigalupo, argentino montonero acogido por el PSOE, para echar de la carrera al juez del caso Sogecable Javier Gómez de Liaño. En la compleja red denunciada poco antes de que prescribieran los delitos, el excomisario Villarejo denuncia también al exjuez Garzón como urdidor de la trama y a otros miembros del grupo Prisa, jueces y policías entonces en ejercicio y privanza gubernamental socialista, como el propio Villarejo, que habrían espiado a periodistas como Jesús Cacho, que denunciaron a Polanco, así como a Liaño, a su mujer Dolores Márquez de Prado y a otros ciudadanos que la investigación, de haberla, podría establecer. La pista del dinero de Prisa para Bacigalupo, hoy abogado de Messi, está muy clara. Lo demás, depende de archivos que la Justicia debería investigar. Me gustaría.
En esta terrible semana de liquidación de la credibilidad judicial, El Mundo reveló también la intromisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado en favor de la secuestradora de niños favorita del PSOE y Rajoy, Juana Rivas, ante la Justicia italiana, escandalazo sólo relativo en la amiga entrañable de Garzón, a la que hemos oído en la famosa cinta de la Cloaca Máxima judicial y policial aplaudir delitos de policías y revelar presuntos delitos judiciales ella misma, que no denunció pese a ser fiscal en ejercicio. Es el estilo de la casa o la banda. El juez de Prada, gran amigo de Garzón y de Bildu, en la sentencia contra el PP que urdió la moción de censura para encumbrar a Sánchez, dice que Rajoy miente… y no deduce testimonio. Lo guarda en una carpeta para cuando convenga desempolvarlo. Puro Garzón.
Los eurocomplejines de Marchena
Veinticinco años estuvo Garzón, con Gobiernos del PSOE y el PP haciendo lo que le dio la gana en la Audiencia Nacional, mientras sus colegas miraban, unánimemente, a otro sitio. La corrupción del politijuez llegó a tales extremos que tuvieron que echarlo de la carrera, por cierto, gracias a un tal Marchena, que ahora será perdonado por su tino, mesura y mano maestra llevando el juicio más importante de nuestra democracia y porque una condena por unanimidad evitará que Estrasburgo nos condene por atrevernos a juzgar un golpe de Estado. Sin Golpe, no hay Justicia, pero tampoco condena. Y si nos condenan un poco, abrigaditos lo superaremos.
Naturalmente, los eurocomplejines de Marchena, que se pusieron de manifiesto en la primera sesión de Junqueras pero que fueron compensados por la contundencia de Zaragoza y el resto de los fiscales, tenían fatalmente que desembocar en esa lanar unanimidad que teje las togas que ascienden. Lo mismo que la sentencia de Franco, que no hay por dónde cogerla, salvo por el afán profesional de ascenso de unos jueces y el sectarismo de otros. Por el descaro autista de una casta que ya no es judicial, sino politijudicial, y que haciendo política y méritos ante los grandes empleadores, que son los partidos políticos, enarbolando la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Violencia de Género, rabiosamente inconstitucionales, van poniendo las bases técnicas, las teóricas ya lo están, para liquidar el régimen de 1978.
El Rey y la Nación estaban muy equivocados
La sentencia encantará al Gobierno y temo que al PP de Pablo Rajoy y al partido de Rivera. Fingirán un poco de indignación, no demasiada, los partidos comunistas, el de Pablenin el de la Mansión y el de Greto Errejón. Vox es la única incógnita. Supongo que acatará, recurrirá y protestará lo justo para recoger la indignación de los españoles empeñados en aspirar a ser tratados como ciudadanos, no como imbéciles. Que eso supondría, es de temer que supondrá mañana, una sentencia que dice que no hubo rebelión.
¿Y el Rey, y la nación española que se echó a la calle enarbolando sus banderas o colgándolas en los balcones contra el golpe de Estado, y el millón de manifestantes en Barcelona, y el juez Llarena, y el difunto del juzgado 13 de Barcelona, y los cuatro fiscales, y Edmundo Bal? ¿Todos estaban, estábamos, unánimemente equivocados? Evidentemente, sí. Nadie atentó contra el orden constitucional, sentencia, unánime, el Supremo. Sólo contra el orden público. ¿Y qué fin perseguía semejante atentado? Eso no se juzga, niño, no enredes. Ya dijo Soraya, cuyo espíritu algodonoso y tontuelo sobrevuela este desastre, que legalmente no pasaba nada, un poco de lío y ya. Lo que pasó, apenas pasó. No hay que darle más vueltas. Ha hablado el Supremo, y todo el mundo al suelo. O a callar, que es lo mismo.
Otros lo harán. Nosotros, no.
Acatamiento de las sentencias, reforma de la Justicia
Naturalmente, acataremos la sentencia del Supremo sobre el 1-O y sobre el asalto a la tumba de Franco y su entierro donde diga el Gobierno. No hay más remedio y cabe recurso legal, aunque el Supremo ha privado de ese derecho a una familia española y a una causa histórica respetable. Si aspiramos a vivir en un Estado de Derecho, hay que reconocer la autoridad de los jueces. Pero todas las sentencias son criticables; y lo que vivimos en España desde la imposición de mostrencas criaturas jurídicas como la Ley de Memoria Histórica o la de Violencia de Género es un vaciamiento de la sustancia de la legalidad, que es el orden constitucional y sus bases: la soberanía nacional y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Hace años que en Cataluña no hay igualdad ni se cumplen las sentencias, con permiso de los mismos tribunales. Una sentencia leve para el 1-O hará aún mayor la sensación de impunidad separatista; y la repetición del Golpe, más rápida.
En sus primeras palabras en el juicio del 1-O, el fiscal Zaragoza dijo: "este es un juicio en defensa de la democracia española". Y el sentido de la sentencia que ayer se filtró es un revolcón a esa razón de fondo, por mirar demasiado a la UE o, como yo creo, por razones corporativas y políticas, con la excusa de Bruselas. No hay atajos, sin embargo, en el cumplimiento de la Ley. Pero debe cumplirse la Ley, no interpretarse a conveniencia. Y para ello es fundamental que los partidos no pringados en el grosero reparto de miembros del Poder Judicial -UPyD, Ciudadanos y Vox- insistan, y no hay mejor momento que la campaña electoral, en la reforma de la Justicia española, quitándole las esposas de la elección de los jueces del Supremo, el Constitucional y el CGPJ por los partidos, aunque medie el Parlamento.
Ciudadanos, Vox y la reforma judicial
La independencia judicial y la reforma de la Ley Electoral son los mejores argumentos para defender la existencia de partidos al margen del PP y el PSOE, que comprometen la primera y se benefician de la segunda. Esa es una de las vías para que Ciudadanos sobreviva a las volteretas de su líder. Pero la sentencia del 1-O, como la de Franco, no son razones para desacreditar la Justicia en España, sino para defenderla y acreditarla ante sus enemigos, que son los separatistas y los países racistas de la UE que se ríen de toda soberanía nacional que no sea la suya. ¿Alguien imagina a un golpista contra Francia o Alemania hallando refugio político en Bélgica? Pues Alemania permitió, con el aplauso de Rajoy. que un tribunalillo local y una ministreja izquierdista insultasen la soberanía y el Estado de Derecho españoles, que, aunque muchos jueces, partidos y medios no lo vean, son y sólo pueden ser una misma cosa. Ni soberanía sin Ley, ni Ley sin Estado. Hay que reconducir esta deriva judicial contra el régimen constitucional antes de que sea demasiado tarde. Europa nunca nos ayudará a ayudarnos.