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Federico Jiménez Losantos

La libertad y la violencia contra las mujeres

Los escalofriantes datos sobre el crecimiento de la criminalidad contra las mujeres (más del 50 por ciento ha aumentado en un año el número de asesinatos) ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia han ido acompañados de una pasmosa reflexión de su directora, Montserrat Comas. "Muchas mujeres pagan con su vida el precio de su libertad". Con esa teoría, no es de extrañar cómo evoluciona la práctica. Con esa formulación intelectual, difícil será que mejore la actuación judicial.
 
Muchas veces se arriesga la vida cuando se pretende vivir en libertad, no hay más que ver lo que pasa con los no nacionalistas en el País Vasco y Navarra. Ahora bien, lo que sucede con las mujeres maltratadas hasta el asesinato es precisamente que carecen de libertad. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas no habían presentado nunca una denuncia por malos tratos contra sus asesinos, pese a la evidencia de que el crimen es siempre el último episodio de una cadena de agresiones cada vez más atroces. Murieron precisamente porque no se atrevieron a jugarse la vida para ser libres. Murieron porque los tiranos domésticos que les quitaron la vida se creían dueños de su libertad.
 
¿Es posible que Comas carezca de tan elemental capacidad de raciocinio, no digamos ya de observación? Evidentemente, sí. ¿Ha hecho esas declaraciones con mala intención? Evidentemente, no. Pero el hecho de que se hable de "terrorismo doméstico" prueba que confunde los datos de la rebelión contra el terrorismo separatista con los datos de la posible y deseable rebelión contra la violencia doméstica, que no es lo mismo ni tiene el mismo tratamiento. Si le llaman "genocidio doméstico" será aún más dura la calificación y todavía más inexacta. No por extremar los adjetivos mejora lo sustantivo.
 
Y lo sustantivo, entre otras cosas, es constatar que casi la mitad de las asesinadas este último año son de origen extranjero, es decir, que provienen de culturas en las que la mujer carece por completo de libertad o es un ciudadano de segunda clase. ¿Qué se hace para informar a estas mujeres musulmanas, hispanoamericanas, eslavas, de que aquí sí tienen derecho a la libertad? ¿Cómo se mete en la sesera de los hombres que las maltratan que se juegan algo más que la cárcel en España, y que a las primera denuncia pueden ser expulsados? ¿Tiene previsto algo el Ministerio de Justicia en ese sentido? Pues ya va siendo hora de empiece. Menos adjetivación, un poco más de reflexión y mucha más acción.

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