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Federico Jiménez Losantos

¿Pero cobraron o no cobraron?

Federico Jiménez Losantos
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Ni siquiera los comentaristas más indignados por el comportamiento de los jueces en el Caso del "Narco Volador” han encadenado tantos y tan feroces adjetivos como el fiscal del Supremo en el escrito que pide su procesamiento: “Injusticia clara y manifiesta”; “evidente, patente, flagrante y clamorosa, y hasta en expresión de alguna resolución, grosera o esperpéntica”. La pregunta que, sin embargo, se hace la opinión pública nace precisamente de esa misma convicción ética y estética: ¿pero cobraron o no cobraron? Y más concretamente: ¿se está haciendo todo lo posible para demostrar que, como en el caso del psiquiatra, no hubo error sino corrupción descarada, a tantos “kilos” el error?

Si el “narco volador” pagó por el informe del psiquiatra, pese a que –según el propio fiscal– de él no se deducía obligatoriamente la decisión que tomó la Sala a propuesta del ponente y presidente, Carlos Cezón, es razonable pensar que también pagó para asegurarse una decisión favorable en el eslabón más importante de la cadena, que es el de los jueces. Al cabo, de ellos dependía lo esencial que era salir de la cárcel y no tener siquiera custodia policial. Y como eso lo consiguió “El Negro”, y en los términos que tanto y con tanto fundamento escandalizan al fiscal Luzón, no hay forma de pensar en un error o en una equivocación, es decir, en la versión leve de la prevaricación que es la “culposa”, sino en la grave o “dolosa”.

Aunque si resulta condenatoria la sentencia del Supremo constituirá una completa descalificación moral de los tres jueces, la larga mano de Bacigalupo ya consiguió incluir las dos posiblidades de prevaricación dentro de las previsiones penales del Alto Tribunal. Dando por supuesto que el plateado penalista argentino no estaba al tanto de los detalles de la fuga del “narco volador”, esa cautela previa se ha entendido como una astucia “política” para disminuir el alcance de una condena que, indudablemente, supondría un espaldarazo a Cardenal y al Gobierno y un varapalo a las asociaciones judiciales, en especial Jueces para la Democracia.

Pero hay más: en la opinión pública está firmemente asentada la creencia de que la inmediata y poco comprensible solidaridad de los jueces y el propio Presidente de la Audiencia con los tres jueces –a los que se dejó comenzar el juicio del pájaro cuya jaula habían abierto– se debió a algo más que un corporativismo atroz. Si el psiquiatra de Valdemoro no era una excepción, ya que seis de los siete de plantilla estaban suspendidos por prevaricación y él mismo también habría debido estarlo, ¿por qué suponer excepcional y única la irregular actuación de los jueces? A pesar de su importancia en la lucha antiterrorista, convendría que los ciudadanos no llegáramos a abrigar la impresión de que no se está investigando a fondo el posible cohecho de los jueces para no embarrar todavía más la imagen de la Audiencia Nacional. El remedio sería aún peor que la enfermedad.


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