Mientras los tejemanejes subterráneos continúan en torno al naciente monopolio de la televisión de pago, se ha filtrado uno de los argumentos esgrimidos por Sogecable y Telefónica para justificar la absorción de la segunda, que sería el del inminente peligro de quiebra o la quiebra de hecho en que se hallan actualmente ambas plataformas. El argumento es tan falaz que —junto a los ocho grandes obstáculos a la competencia ya señalados por Bruselas— ha sido el más claramente descalificado por la autoridad europea, en este caso el comisario Monti.
Evidentemente, no hay ninguna razón por la que los ciudadanos deban pagar con una restricción prácticamente eterna al acceso a un mercado libre de televisión de pago la disparatada administración de unas empresas que nunca han pretendido serlo, sino gastar cuanto fuera preciso para eliminar la competencia y establecer un monopolio en el que jugar como únicos compradores y vendedores, manejando a su antojo los precios.
Porque conviene no engañarse: esa y no otra ha sido la política de Sogecable, además de manipular su contabilidad en los mismos términos que Enron. Cuando a finales de 1996 Polanco creó la primera plataforma digital supuestamente rentable, sólo pudo hacerlo gracias a la absorción de los derechos del varios equipos de Primera División proporcionados por el PP a Antonio Asensio. Pero el propósito del Emperador de Prisa no era competir en mercado alguno, sino disfrutar del monopolio del fútbol a mansalva y del cine de Hollywood sin anuncios. Contra esa indisimulada voluntad, que incluía la liquidación del sietemesino Gobierno del PP, se alzaron Aznar y los suyos, con Cascos a la cabeza, y tras alinear a TVE y las telelevisiones públicas a su alcance y pedir ayuda encarecidamente a todos los medios hostiles o rivales de PRISA (“El Mundo”, la COPE, “Época”, varios diarios regionales), en menos de tres meses se organizó en torno a Telefónica una plataforma alternativa, que fue Vía Digital. Desde ese momento, se estableció una carrera de despilfarro —no exenta de megatrinques y comisiones multimillonarias de los presuntos gestores— para ver quién conseguía más abonados contando con que el perdedor se daría por arruinado y entregaría al otro la llave del monopolio. Y como el negocio era de especulación sobre la debilidad ajena, ambas plataformas se endeudaron hasta las cejas, en particular Sogecable, que siempre pensó —con buen criterio— que el Gobierno no apoyaría mucho tiempo, con lealtad y eficacia, a su rival.
En efecto: lo hizo sólo mientras Villalonga fue amigo del presidente y el Gobierno estuvo en el aire. Pero ya antes de romper con su amigo para huir con el botín, Villalonga había hecho el segundo plan de monopolio en beneficio de Polanco, a cambio de su “protección” político-mediática. Pero por esas dos razones —la traición del amigo y el monopolio para el enemigo—, Aznar se cargó esa operación poco antes de las elecciones generales del 2000. Al heredar Alierta una Telefónica en pésima situación por los disparates de Villalonga, una de sus primeras intenciones fue la de vender Telefónica Media, ahora rebautizada Admira, sin el menor sentido del ridículo. Pero tan noble propósito estaba supeditado al “placet” del Gobierno, que tardaba en darlo. Iba alternando los nombramientos de comisarios de la comunicación en la Portavocía del Gobierno, RTVE y Telefónica, jugando siempre con las mismas fichas periopolíticas (Cabanillas, Pedro Antonio Martín, Buruaga, Ferrari) y prometiendo alternativa, o sucesivamente al “ABC” de Nemesio y los Luca de Tena, a “La Razón” de Ansón y Lara o al tándem Pearson-“El Mundo”, es decir, Pedro Jota-Castellanos, la hegemonía futura sobre el Prisa2 o PrisaBis que él decía que construía. De los convocados en la Nochebuena del 96 para combatir el monopolio polanquista iban cayendo y perdiendo concesiones de radio o televisión los medios con periodistas molestos, más leales a los principios que al Gobierno, en quienes no confiaba para su proyecto de duopolio y de polanquismo repetido, no alternativo sino complementario.
Llegó la mayoría absoluta, la derrota simbólica de Polanco y la infatuación napoleónica casi inmediata del inquilino monclovita y el entorno dinástico. Los proyectos de polanquismo bis parecían apuntar a Pedro J. Ramírez como hombre fuerte del tinglado de Telefónica, una tutela político-informativa que se mostró en la entrada de “El Mundo” en “La Brújula" y los informativos de Onda Cero. Pero Aznar nunca ha confiado en Pedro Jota. Y lo ha demostrado una vez más, la definitiva. En su última reorganización del séquito mediático, todo el poder ha ido a las manos de Luis María Ansón, el mismo que, tras el “Pacto de la Academia”, en la que entró de la mano con Juan Luis Cebrián, denunció en su día una “conspiración” de periodistas y políticos del PP para echar del Gobierno con malas artes a Felipe González. Noble arrepentimiento si los hechos hubieran sido ciertos y no los que convenían a los responsables del GAL.
Pero más de un lustro derrochando Polanco y más de tres años queriendo Telefónica resignar la onerosa responsabilidad financiera de fingir que tenía alternativa ha ido deteriorando la realidad empresarial de las dos plataformas, hasta el punto de poder decir sin exagerar que ambas están hoy quebradas técnicamente, y ello porque su organización siempre fue deficitaria y en ambos casos, aunque por razones opuestas, sólo aspiró a que el poder político le librara de la siempre desagradable competencia. En el caso de Alierta, para disfrutar sin disgustos de su empresa, aunque ésta, a diferencia de la de su rival, sí podría mantener casi ilimitadamente esas pérdidas. En el caso de Polanco, para conseguir ese monopolio informativo y de entretenimiento con el respaldo tecnológico de Telefónica que ya intentó conseguir en los últimos meses de gobierno de González, con Cándido Velázquez, “ABC” y Alberto Ruiz Gallardón como cómplices necesarios. Aquello se lo cargó Aznar, porque era una amenaza a la pluralidad —decía— y a su poder —sentía—. Ahora, ya de retirada, parece dispuesto a dejar al sucesor lo que para sí mismo rechazó. Pero el precio es que los españoles paguemos con un monopolio la quiebra de las dos plataformas que alimentaron la ilusión de que la pluralidad en los medios de comunicación era algo más que polvo de hemeroteca. La ética y la competencia, tan quebradas como las plataformas en las postrimerías del Gobierno Aznar, son los últimos obstáculos para perpetrar este crimen contra la libertad. La de empresa en particular y la de España en general. Y encima, quieren pagar su entierro con nuestro dinero.
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