Toda dictadura que se precie pasa por romper la legalidad internacional al tiempo que la nacional, si es que alguna vez las respetó. Como Fidel Castro, su discípulo simiesco Hugo Chávez tiene una acusada malevolencia hacia España, mitad porque todos los sacamantecas abominan de la Historia, mitad porque España representa un cierto orden internacional, una cierta etiqueta en los comportamientos transatlánticos que casa mal con el despotismo caribeño. Pero poner bombas en nuestra embajada y en la de Colombia es algo mucho más serio que sonarse los mocos con la servilleta de hilo en el Palacio de Oriente. La colaboración de ETA y las FARC es algo más que una hipótesis. La agresión salvaje desatada contra la sociedad venezolana es ya algo más que una posibilidad. Se impone como cegadora evidencia.
Por mucho que ande lidiando con los votos de la ONU, el Gobierno de Aznar no puede seguir mirando hacia otro lado cuando le están dando capones en el cogote. La CEOE no puede seguir callada mientras encarcelan al presidente de la patronal. Los sindicatos españoles no deberían admitir (con esa complacencia que los izquierdistas reservan para los atropellos laborales en nombre del socialismo) que a los sindicalistas venezolanos los apaleen, los asesinen o los obliguen a la clandestinidad. Y si en la oposición queda algo de vergüenza, siquiera para la galería, deberían manifestarse, verbalmente y a pie, como últimamente acostumbran, contra la represión en Venezuela. Esperamos, en fin, que los partidos, organizaciones, agrupaciones y cuadrillas que protagonizaron la verbena masiva del “No a la guerra” pidan disculpas por su defensa de la “experiencia democrática venezolana”, que ya se ve en qué consiste: sangre, cárcel y miseria. ¿A qué está esperando España? ¿Por qué no se ofrece nadie como “escudo humano” en Caracas? Hacen más falta que en Bagdad.
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