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Federico Jiménez Losantos

¿"Punto Final" legal?

Federico Jiménez Losantos
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Nunca han cesado los rumores sobre una "Ley de Punto Final" que echaría el cierre a las responsabilidades legales -otra cosa son las morales y políticas- de los Gobiernos de Felipe González por los crímenes del GAL. Desde el propio Partido Popular, voces como la de Manuel Fraga y otras más "centristas" no han dejado de reclamarla como un paso necesario en la unidad de los dos grandes partidos nacionales para la lucha antiterrorista. La negativa de González a asumir ninguna responsabilidad en el primer caso de los GAL, el del secuestro de Segundo Marey, y la posterior condena, entre otros, de Barrionuevo y Vera por ese delito en el Tribunal Supremo hicieron alejarse la posibilidad de legalizar ese pacto de Estado.

Sin embargo, como demuestra el reciente libro de Pedro J. Ramírez "Amarga victoria", Aznar supo aprovecharse del desgaste del PSOE en el más sórdido de sus quebrantamientos de la ley, pero aspiró siempre a un acuerdo, si no de "punto final", al menos de "borrón y cuenta nueva" en todo lo referente al terrorismo. Como su gran apuesta política, la lucha contra ETA y la complicidad del PNV a través del Pacto de Estella, precisa del acuerdo con el PSOE y como Felipe González -instalado en el rencor de una derrota que achaca a las denuncias y condenas del GAL- sigue siendo el gran obstáculo para este acuerdo de fondo que también desea Zapatero, seguro que si el Tribunal Constitucional no ha llegado a ese acuerdo de anulación de las sentencias del Supremo sobre Filesa y el GAL no ha sido por culpa del Presidente del Gobierno. Él ya ha hecho cuanto estaba en su mano: indultar y sacar de la cárcel a los condenados por ambos casos. Es al felipismo judicial al que ahora le toca tomar la iniciativa.

Para González y el "núcleo duro" del PSOE, esta exoneración legal por parte del TC de los dos grandes baldones -corrupción y crimen de Estado- que caen sobre sus personas, sus trayectorias políticas y su proyección histórica, resultaría indudablemente satisfactoria. Ahora bien: el precio político a pagar sería también definitivo: el archivo del rencor, la cancelación de la revancha y la jubilación de González y su guardia pretoriana, en beneficio de Zapatero y el gran acuerdo PP-PSOE contra ETA y PNV. Es dudoso que, a cambio de una satisfacción moral, González acepte salir de la política del todo.

Y tiene, como siempre, un fiel aliado en Polanco. Es igualmente difícil que el todopoderoso señor de PRISA acepte que su particular condena del juez Liaño fue ilegal de cabo a rabo, según el propio Tribunal Constitucional. Probablemente es lo que trata de evitar con su estrepitosa campaña contra el indulto del Gobierno, aunque sólo en el caso Liaño, de los de Filesa no dice nada. ¿Teatro? En el caso de Zapatero, es muy probable. En el de Polanco, es impensable. Pero no hay nada, o casi nada, imposible.

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