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Federico Jiménez Losantos

¿Quién paga la Huelga General?

Uno de los secretos mejor guardados de la democracia española, desde los famosos “Pactos de la Moncloa” –aquellos entre Suárez y los sindicatos con González, en los que aseguraban la “paz social” los únicos que amenazaban con romperla–, es el precio de esa paz, que, como en todo atraco, es excesiva pero además desproporcionada. Nunca tan pocos recibieron tanto por tan poca cosa.

Dispuestos a vivir profesionalmente de lo que, en teoría, era una abnegada vocación social, los sindicatos se convirtieron prácticamente desde su legalización en partidos políticos paralelos, pero sin la explicación de gastos –cuando menos su cuantía– que los partidos deben hacer ante el Tribunal de Cuentas. Peor aún: desde el Gobierno se fabricó, ante el único sindicato real y organizado que era el comunista de Comisiones Obreras, un sindicato socialista –la UGT eran sólo las siglas históricas y cuatro abnegados gatos– al tiempo que se inventaba una patronal, la CEOE. Tres compañías de dramatización del llamado “conflicto social” sin preguntar al público si quería teatro. Y obligándole a pagarlo. La derecha ucedea, nacida orgánicamente del Movimiento Nacional, no concebía una economía en libertad ni otra “paz social” que la que aseguraban los Sindicatos Verticales. Naturalmente, cobrándola.

Esta semana se cumplen 25 años de las primeras elecciones libres en España. Las primeras casi democráticas. Pero las necesidades de figuración política impusieron entonces unos costes disparatados que sólo como gasto extraordinario resulta aceptable, nunca como óbolo permanente a unos señores que, para justificar su existencia, de vez en cuando deben organizar una huelga general. ¿Quién paga las movilizaciones de ésta última? ¿Cuántas decenas de miles de millones entrega a escondidas el Gobierno a los sindicatos y a la CEOE? Si el Gobierno se cae de una vez del guindo y se recupera de la sorpresa que sus amigos de foto sindical le han propinado debería explicarnos cuánto dinero entrega cada año a los que deberían impedir, precisamente, que hubiera huelgas generales. ¿Cuánto nos cuesta a los españoles un día de ruina económica? ¿A cuánto ascienden las autolesiones que la sociedad española padece a manos de las onerosamente patrimonializadas centrales sindicales? Veinticinco años después, ¿cuánto nos cuesta el atraco de la “paz social”?

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