No se sabe cuántas evidencias necesitan las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer que la corrupción es uno de los problemas más graves de la Justicia española. A fuerza de admitir esa forma de corrupción descarada que es la politización por parcelas, partidos y clanes de los altos tribunales, el Caso del Narco Volador se ha convertido en un símbolo de lo que la realidad atestigua y que los jueces se emperran en negar.
Nadie olvidará el espectáculo de los colegas que salieron a aplaudir a la puerta de la Audiencia Nacional a los tres jueces de la Sección Cuarta suspendidos por presunta prevaricación. Nadie olvidará las amargas lágrimas vertidas en público por su presidente Carlos Dívar. No es posible olvidar la suscripción abierta por Jueces para la Democracia para compensar la parte del sueldo que pierden los jueces suspendidos, pobrecitos. Pero lo más difícil de olvidar y de admitir es que cuando se mutiplican los indicios y las pruebas de corrupción en muy diversos escalones de la carrera judicial, se mantenga un silencio ominoso sobre un problema que no es sólo español, pero que sólo España niega. ¿O es que en todo el mundo sólo son incorruptibles nuestros jueces?
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