Cuando la Administración de Justicia quiere encontrar razones técnico-jurídicas para tratar benignamente a un justiciable, normalmente las encuentra. No necesita inventarlas. La cuestión de fondo es, siempre la misma: ¿se hace justicia? ¿Se busca la fórmula legal más adecuada para hacer justicia o se buscan excusas para no hacerla? Se trata de hacer justicia y de que lo parezca o de no hacer justicia aunque lo parezca? El caso de los Albertos es uno de los más escandalosos de los últimos años en la Justicia española porque cae de lleno en la segunda categoría: es una injusticia flagrante disfrazada de garantismo, es un tratamiento desigual disfrazado de igualdad, es lo más parecido a una prevaricación en beneficio de unos multimillonarios entre cuyas amistades figuran los tres hombres más poderosos de España: El rey, Polanco y Aznar.
Después del Caso Liaño, nadie nos podrá convencer de que los poderes fácticos en España no son capaces de impartir injusticia y de incumplir esa norma básica de la democracia que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Después del caso de los Albertos, nadie podrá convencer a un inversor extranjero de que en España el Estado de Derecho vela por la seguridad jurídica, la propiedad privada y los derechos societarios. Un ladrón roba un piso, lo pillan y va a la cárcel en espera de juicio y sigue allí o sale cuando lo condenan. Dos ladrones comunes, aunque no corrientes, roban o estafan a sus socios miles de millones de pesetas, los pillan, los juzgan los condena la Audiencia de Madrid pero dice que el delito ha prescrito, lo corrige el Tribunal Supremo que los manda a la cárcel, y hete aquí que la Audiencia se niega de nuevo a encarcelarlos, escudándose en triquiñuelas técnicas creadas para no perjudicar a camellos de poca monta en la última reforma del Código Penal, nada que ver con estafadores de este calibre. La argumentación de la juez para salvar de la cárcel a los Albertos está llena de inexactitudes clamorosas, que reproducen literalmente la argumentación de los abogados de los Albertos: si, una vez encarcelados, el indulto tardara un año no sería “ilusoria” su concesión, porque aún les quedaría pena que cumplir. Bien es cierto que la jueza está por las rebajas, porque dice que han sido condenados a ocho meses por falsedad documental cuando lo han sido a un año. Y no es menos cierto que el indulto puede tardar... o no llegar. ¿Y en qué queda entonces la ejemplaridad de la acción de la Justicia? Pues en esto: en un escandalazo del tamaño de El Escorial. Exactamente así.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro