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No es la primera vez que unos magistrados le enmiendan la plana a Baltasar Garzón. Tampoco será la última. Pero sí es la primera o al menos la primera realmente grave, gravísima, en que tras el revolcón no hay una ponderación severa de la instrucción y sus deficiencias sino una diferencia de criterio que obedece más a la ideología de los jueces enmendadores y a la calificación psico-política de los justiciables que a la descalificación de un proceder chapucero y, por resumirlo en dos palabras, poco legal.

Esta vez no están de acuerdo los jueces contra Garzón, sino que dos muy progres, pero muy progres muy progres, en una sala de tres, ponen en la calle nada menos que a la mitad de lo que Garzón considera la cabeza política de ETA, una convicción en la que le acompaña vehementemente el tercer juez, que como no es progre o no tan hiperprogre como sus colegas, los pone a caer de un burro por su proceder. O sea, que no sólo a Garzón, también a uno de los jueces de la sala le han dado un sofocón sus compañeros de estrado.

Hace ya tiempo que los ciudadanos estamos aburridos de observar las reyertas tribales de los jueces y su comportamiento errático, sectario y no pocas veces cainita, como si para un juez no hubiera plato más suculento que la carne de otro juez. Pero esto de soltar cabecillas etarras para chafarle la jugada a un juez-estrella, aunque se llame Garzón, va más allá de lo tolerable. Estamos ante lo mismo que el Constitucional perpetró con la Mesa de HB: una maniobra política izquierdosa, pronacionalista y objetivamente favorable al terrorismo so capa de imparcialidad garantista.

El primer garantismo que deberían buscar los jueces de un tribunal especial o tan singular como el de la Audiencia Nacional es la garantía de que se persigue al terrorismo en todas sus manifestaciones. Esa garantía no la tenemos. Y, de momento y sobre ese asunto, no queremos otra. No hay otra más importante, salvo, evidentemente, para los jueces. Tan preocupados de sí mismos, tan despreocupados por la Justicia.

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