Apenas veinticuatro horas después de que el presunto líder de la oposición preguntara en el Parlamento, nada menos que en la sesión de control al Gobierno, “cómo va a ayudar España a Argentina” –es decir, cuánto dinero de los contribuyentes españoles va a entregarse al gobierno de aquel país, tan cerca del corazón que conviene alejarlo del bolsillo–, el poder ejecutivo y el poder judicial de la República Argentina se enzarzan en un auténtico golpe de estado que probablemente decidirá el lunes el poder legislativo.
Apenas veinticuatro horas después de que el presidente del Gobierno contestara con una evasiva razonable al presunto jefe de la oposición –“nosotros no podemos hacer el plan económico por el gobierno argentino”, dijo Aznar–, todas las declaraciones de buena voluntad por parte de las autoridades españolas tropiezan con una evidencia: la disputa mafiosa por los despojos del poder, que siempre resultan apetitosos en una cleptocracia.
Y hace ya veinticuatro horas que debemos constatar con desolación que nadie ha preguntado al presidente del Gobierno del Reino de España qué ha sido de los mil millones de dólares que, por su cuenta y riesgo pero a cuenta del contribuyente, entregó Aznar al Gobierno de Argentina. Si aquello es una cleptocracia –y la búsqueda de doscientos mil millones de dólares que según el parlamento argentino fueron “extraviados” por la Administración radical así lo acredita–, es de justicia constatar que al menos una cosa compartimos con aquella desdichada nación. Tampoco aquí controlamos el gasto público en el Parlamento, que es para lo que se inventó. Peor aún: aquí es la oposición la que insta al Gobierno a derrochar el dinero del contribuyente.
No, no estamos tan lejos de Argentina como algunos creen. Ojalá lo estuviéramos más, siquiera de sus malas costumbres.
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