Libertad Digital ha defendido desde el primer día la eliminación inmediata del Impuesto de Sucesiones y del de Patrimonio, que son inconstitucionales porque suponen una doble imposición a unos mismos bienes, que son inmorales porque castigan el ahorro y premian el derroche, que son ineficaces porque recaudan poco y que son antiliberales y repugnantes porque los ricos no lo pagan y, halagando fingidamente a los pobres, se machaca realmente a la gente común, a la inmensa clase media que sostiene a la nación.
Si la protección legal de la propiedad privada –como demuestra hasta la saciedad tanto la experiencia de los países ricos como la desventurada de los países comunistas y del Tercer Mundo, donde la propiedad está al albur de la política– es la piedra angular de la prosperidad de las sociedades, todo lo que atente o menoscabe esa propiedad privada de los más, que en España son casi todos, perjudica a todos y cada uno de los españoles.
Existiendo las empresas familiares y las sociedades como instrumentos legales para proteger a los que legítimamente obtienen más con su esfuerzo y su talento, mantener el impuesto de sucesiones es una forma de robar a las viudas y a los huérfanos cuando menos se pueden defender. Pero la misma razón para eliminarlo del todo, sin las grotescas limitaciones que se pone a sí misma la Junta de Andalucía, asiste a la eliminación del Impuesto de Patrimonio, que supone gravar por segunda vez –contra lo que manda la Constitución– algo por lo que ya se pagó impuestos al obtenerlo, perjudicando así el ahorro, la acumulación de capital y la inversión que ambos hacen posible.
Si el PSOE de Andalucía empieza a aceptar la eliminación del de Sucesiones, es hora de que el PP emprenda la liquidación del de Patrimonio. Por las mismas razones. Y cuanto antes, mejor. La derrota de la demagogia acarrea siempre muchos votos.
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