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Fernando Giner Giner

Crisis agrícola y política europea

La solución para España en general y para el sector agrícola en particular pasa por desterrar democráticamente las nefastas políticas del Gobierno socialista y ello exige que la ciudadanía asuma con el voto su compromiso en las elecciones europeas.

La crisis general que ha afectado a todos los sectores sin excepción ha supuesto un zarpazo añadido a las ya más que menguadas economías de los agricultores. Tan es así que en muchos casos peligra la continuidad de cultivos ya que las reiteradas pérdidas los hacen inviables.

El diagnóstico es inapelable. Al incremento indiscriminado de los costes de producción, consecuencia directa del aumento de los precios de fertilizantes, agua, energía, personal, etc., cabe añadir una inexorable bajada en los precios de los productos agrarios, hasta situarlos en niveles de hace décadas y ello cuando se haya tenido la suerte o la desgracia de malvenderlos sin margen de beneficio y si al final el agricultor ha logrado cobrar de esa venta.

En consecuencia, se requiere tomar medidas urgentes y estructurales para poder sentar las bases de un futuro más halagüeño para nuestra agricultura. Y de todos es conocido que la mayor parte de estas medidas pasan por las políticas europeas, que como mínimo no perjudiquen nuestros intereses.

Urge plantear con toda claridad la necesidad de hacer valer el principio de preferencia comunitaria. No es lógico, ni comprensible, que muchos de nuestros productos queden inermes ante la avalancha que satura los mercados de todo tipo de frutas y verduras que, con clara competencia desleal, revientan los precios y condenan a perderse a la producción autóctona.

Tampoco resulta comprensible que mientras a nuestras producciones se les somete a una escalada galopante en cuanto a las exigencias de controles fitosanitarios –lo cual nos parece plausible, siempre y cuando esa misma exigencia se aplicase a los productos que vienen del exterior del mercado europeo–, por el contrario, estamos asistiendo permanentemente, no sin gran indignación, a la indiscriminada saturación de mercados con productos agrícolas de terceros países que no han tenido que someterse a esas mismas exigencias y que por consiguiente pueden producir con más bajos costes y sin las garantías sanitarias exigibles. Es necesario, por tanto, establecer un sistema eficiente de control sanitario que contemple la adecuada reciprocidad con terceros países, para lo cual debería implantarse la inspección en origen con todas las ventajas que ello comportaría.

Lo anteriormente expuesto, debería complementarse con la regulación de los puntos de entrada de los productos de terceros países de manera que se determinara un único punto de entrada para cada producto, así como la creación de un Observatorio de Precios en la Europa Mediterránea.

La reforma de la PAC tiene que contemplar un paquete de medidas anticrisis y plantear un seguro de renta agraria europeo, entre otras muchas decisiones que determinaran la viabilidad de una actividad tradicional como es la agricultura, de la que depende la economía de tantas familias y el futuro de muchos de nuestros pueblos.

Hay que hacer posible que se consigan precios justos y dignos para los agricultores que están pagando la factura de la incompetencia del Gobierno central que con su pésima gestión está hundiendo en la miseria a todo el sector al que no se le tiene en cuenta ni para inyectar liquidez con líneas de crédito adecuadas del ICO, ni siquiera para contemplar unas moratorias en los préstamos que paliaron los daños de las heladas de 2005.

Por el contrario, el Gobierno de Francisco Camps –y en particular la consellera de Agricultura– está asumiendo el mayor coste de los seguros en los cítricos que el Gobierno central nos niega, estudiando el asumir la moratoria con ayudas dirigidas a lograr una reconversión varietal que racionalice la oferta de cítricos a lo largo de la campaña, potenciando las investigaciones en el IVIA y un largo etcétera de medidas que den respuesta a las exigencias del sector.

La solución para España en general y para el sector agrícola en particular, pasa por desterrar democráticamente las nefastas políticas del Gobierno socialista y ello exige que la ciudadanía asuma con el voto su compromiso en las elecciones europeas y en futuros comicios, haciendo posible el cambio y nuevos gobiernos populares que, como ya ocurriese en el pasado más reciente, nos saquen del pozo de la crisis, nos libere de la incompetencia y vuelvan a facilitar la senda de progreso y seguridad para todos.

Esa es la esperanza.

Fernando Giner Giner es diputado en las Cortes valencianas y portavoz del Grupo Popular en la comisión de Agricultura

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