Es necesario dar a conocer a esa mayoría de españoles que viven en un régimen democrático que hay una parte de nuestro país, donde se vive con un ya insufrible déficit democrático, sojuzgado por un régimen partidista y dirigido por un gobierno nacionalista sometido a la dirección del PNV. Sus estatutos, entre sus fines, señalan como prioritario el marcar la dirección política, orientar y controlar a las instituciones. Su concepción tan espuria de lo público y tan irresponsable en lo político sólo provocan sensaciones de desánimo, engaño y frustración que, en Euskadi, duran ya demasiado tiempo.
Siempre quiso el poder. Primero alcanzarlo para luego, desde una escandalosa deslealtad, mantenerlo. Mantenerlo contra viento y marea, contra casi la mitad de los vascos, pactando con propios, extraños y ETA. Las personas no hemos sido consideradas como el primer objetivo del gobierno. El verdadero y único fin es, desde el poder, hacer realidad su proyecto político nacionalista: “la liberación nacional”.
Ya sabemos que es una organización monolítica, inmisericorde con la disidencia e impermeable a la crítica. Este hermetismo es el que ha impulsado su infiltración en todos los ámbitos sociales de Euskadi. Desde la Sabin-Etxea –sede del PNV en pleno centro de Bilbao– se ejerce el poder que, con total impunidad, se impone pero de él no se responde más que ante los órganos del partido.
El Gobierno Vasco, insaciable en sus demandas competenciales e impenitente en sus críticas hacia el abusivo centralismo español, se muestra voraz con las atribuciones de los Territorios Forales, parte de la especial estructuración de nuestro autogobierno. En el colmo de la hipocresía política se sustituye un centralismo por otro, convirtiendo la cohesión interna del País Vasco en un imposible. Hoy Euskadi no se vertebra, se uniformiza.
El PNV tiene en la Euskadi rural su vivero de votos –el 62,5 % de los votos se obtienen en poblaciones de menos de cincuenta mil habitantes–. Esta circunstancia, con el ninguneo que sufren las Diputaciones Forales y la total falta de transparencia en las asignaciones a los pequeños municipios, dan lugar a una situación de clientelismo político sin parangón en sociedades plenamente democráticas. Se ha recuperado la desdeñada figura del cacique, que ya no es aquel acaudalado personaje de otros tiempos, no, ahora es el PNV.
Ya no puede extrañar a nadie que en las pequeñas poblaciones de la Euskadi rural, auténticos feudos del nacionalismo vasco, jamás prospere una moción presentada por los ediles constitucionalistas, cuando los hay, en la que se inste a que el Gobierno Vasco o la Diputación Foral lleve a cabo o recoja, una determinada iniciativa. Sirvan algunos ejemplos:
- Concesión de ayudas para adquirir libros de texto de uso obligatorio. En Álava, la Diputación Foral (PP) las concede, en Vizcaya (PNV), no. Rechazada.
- Adecuación y actualización de la Renta Básica y las ayudas complementarias (PAGAMI) concedidas por Gobierno Vasco y Diputación Foral respectivamente, al incremento aplicado por el Gobierno Central sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Rechazada.
- Instar al Gobierno Vasco para que en el Anteproyecto de Ley de Bibliotecas de Esukadi, se recoja en su articulado, una distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas, y paliar así el excesivo centralismo, y el menosprecio a los ayuntamientos. Rechazada.
- Instar a todas las administraciones a expresar su más absoluto rechazo contra la violencia ejercida contra la mujer y exigir la dotación de recursos necesarios para combatir y erradicar la violencia de género. Rechazada.
- Concesión de ayudas económicas a personas que atienden en el domicilio a Personas Mayores Dependientes. La Diputación Foral de Álava las concede. Rechazada.
No son cuestiones de exclusivo carácter político, sino problemas que afectan a las personas y que merecen ser consideradas en aras de un beneficio social. Sólo mencionar la expresión “instar al Gobierno Vasco”, supone la inmediata reprobación. El clientelismo llega a estos extremos y afecta, por derivación, a todos los ciudadanos vascos.
