La semana pasada el Consejo de Ministros incluyó en el proyecto de reforma del código penal la tipificación como nuevo delito de los sobornos y fraudes en el deporte, e indica literalmente: "Se tipifican penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, como los sobornos llevados a cabo, tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas, como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva".
El trámite parlamentario debería tener en cuenta a la hora de regular las conductas ilícitas en las competiciones deportivas todas las posibilidades de fraude que han aparecido a causa de la sofisticación y variedad de apuestas deportivas en internet.
En general, la aparición de esta modalidad de apuestas ha tenido un impacto positivo en el deporte: los clubs y los organizadores de las competiciones han podido incrementar sus ingresos mediante acuerdos de patrocinio y han conseguido mayor seguimiento del público por el incentivo que supone ganar un premio en función de un resultado, pero también ha supuesto la aparición o agravamiento de consecuencias negativas. La alteración fraudulenta de resultados deportivos ha sucedido desde siempre y por muchos motivos, entre otros los relacionados con las apuestas deportivas monopolizadas por los Estados, las quinielas, y por lo tanto no se puede culpar de su existencia a las apuestas por internet, pero es cierto que la probabilidad de ganar grandes cantidades de dinero apostando no sólo por el resultado final sino por casi cualquier circunstancia de un juego multiplica las posibilidades de fraude. La regulación no debería evitar sólo lo más evidente y grave, la manipulación de una competición por compra directa de partidos, sino también conductas fraudulentas más sutiles que a primera vista pueden parecer menores pero que pueden tener gran incidencia en una competición.
En el caso específico del baloncesto, por el tipo de tanteos que se producen, es habitual que no se apueste tan sólo a la victoria o derrota de un equipo, sino que se tenga en cuenta la diferencia de puntos en el marcador. Las casas de apuestas establecen una cotización para cada partido con el premio a pagar por cada cantidad apostada y la diferencia de puntos por la que un equipo debe ganar. Esto posibilita que cualquiera de los actores con capacidad para manipular un partido pueda obtener un beneficio ilícito sin causar aparentemente un gran daño, ya que basta con alterar la diferencia de puntos de un partido para ganar la apuesta, pero el equipo vencedor seguirá siendo el mismo. Esta situación puede hacer más tentador el fraude, no sólo porque se puede cometer despertando menos sospechas al no decidir cuál es el equipo vencedor, sino porque puede existir la percepción de que el daño deportivo producido es bajo y por lo tanto puede pasar más desapercibido. El problema es que, además de que cualquier fraude es éticamente reprobable por pequeño que sea, y que habitualmente suele ser el paso previo a otros más graves, el daño producido a una competición por un "pequeño" fraude puede ser mucho mayor de lo que parece.
Por ejemplo, en la ACB es habitual que a final de temporada haya varios equipos luchando por una plaza de playoff o por evitar el descenso empatados a victorias y que sea el basket average el que decida la plaza que ocupará cada equipo. La alteración de un solo punto del resultado de un partido entre dos equipos a principio de temporada puede parecer una cuestión menor pero puede tener grandes implicaciones no sólo para estos equipos sino también para un tercero en el caso de que se produzca un triple empate en la jornada 34, ya que las normas de desempate contemplan la diferencia de puntos de todos los partidos disputados entre los equipos con las mismas victorias.
Espero que los legisladores establezcan una regulación que preserve el juego limpio y penalice cualquier posibilidad de fraude deportivo por pequeño que sea.