Esta pregunta fue el título de una de las ponencias del interesante Global Sports Forum, que se celebró esta semana en Barcelona, que recibió a los asistentes con una nevada histórica, inevitablemente relacionada con la candidatura barcelonesa a los juegos olímpicos de invierno del 2022, y que permitió a algunos osados practicar el esquí en plena ciudad.
Los diferentes ponentes estuvieron relativamente de acuerdo en la necesidad de encontrar un equilibrio entre una cierta independencia de las organizaciones deportivas, tanto por ser éstas privadas como por el dinamismo de su entorno, y una regulación que ejerza un cierto control público para que el deporte no sea un mundo aparte que esté por encima de la ley. La cuestión por lo tanto no es si el deporte debe ser regulado, sino más bien quién tiene que regularlo y hasta qué límite.
Albert Soler, director general de Deportes del CSD, expuso la complejidad de la situación en Europa y en España, donde, por ser la práctica deportiva algo tradicional, los gobiernos han regulado el deporte pero se han encontrado puntos de tensión con la regulación que las organizaciones deportivas se han otorgado a sí mismas. Explicó también que en España hay un modelo mixto por el cual la representación internacional es competencia del Gobierno pero se delega en las distintas federaciones que, como además están financiadas mayoritariamente con fondos públicos, tienen que rendir cuentas a las autoridades. Por otro lado, el Gobierno, a través del secretario de Estado para el Deporte, también tiene representación propia en organismos deportivos internacionales, como los comités internacionales contra el dopaje.
Sandro Rossell, CEO de Bonus Sports Marketing y precandidato a la presidencia del FC Barcelona, admitió la necesidad de una regulación, pero sin caer en un intervencionismo excesivo, y, para explicar hasta qué extremosa absurdos se puede llegar, puso el ejemplo de Brasil, donde se convocó una comisión parlamentaria para explicar por qué la selección nacional había perdido un partido y en la que Ronaldo tuvo que comparecer para decir la obviedad de que el motivo era que los franceses habían marcado tres goles y los brasileños ninguno.
Sonia Parayre, del Consejo de Europa, argumentó la necesidad de adaptar la normativa deportiva a los nuevos tiempos, ya que la mayor parte de la regulación actual, como sucede con nuestra ley del deporte, es de finales de los 80 o principios de los 90 cuando no existían ni la explotación de derechos de imagen deportivos a través de todos los canales multimedia ni tampoco las apuestas deportivas on line. Afirmó también que es preciso legislar teniendo como prioridad preservar la ética y el fair play, que es la esencia del deporte, y que las autoridades velen por una implementación efectiva de las nuevas normas.
Sandro Rossell comentó que si un día los espectadores desconfiaran totalmente de la limpieza de las competiciones desaparecería la atracción del deporte y su componente emocional. Añadió que actualmente la cantidad de dinero que se mueve en las apuestas crea incentivos para amañar partidos, pero, como muchas de las casas de apuestas están en paraísos fiscales, los gobiernos no tienen potestad alguna y abogó por integrar las apuestas on line en el sistema tal y como ocurre con las quinielas.
Otra de las cuestiones tratadas fue el llamado financial fair play y cómo regular el deporte para que sea económicamente sostenible y para que no se condicionen las competiciones con prácticas financieras poco éticas.
Albert Soler reconoció la necesidad de establecer controles pero sin tener claro quién debe hacerlo y cuál ha de ser el ámbito de las medidas. Lo que si afirmó es que, aunque haya dudas acerca del límite de la intervención pública, dado que los clubs están endeudados principalmente con Hacienda, el Gobierno debe tener un papel activo y crear algún instrumento que funcione por encima de clubes y federaciones.
Philippe Bertrand, del diario Les Echos, expuso su visión, muy condicionada por la "tecnocracia europea", y reclamó una regulación comunitaria que reconociera la "especificidad" del deporte como hecho social, económico y político, que tiene que ser un referente ético para la sociedad y en el que todos sus actores son interdependientes.
Las diferentes intervenciones pusieron de manifiesto la complejidad de una situación en la que tienen difícil encaje la autonomía de las federaciones y los comités olímpicos con los diferentes ámbitos legislativos tanto nacionales como internacionales. Un buen ejemplo de esto es la diferente concepción de qué países pueden ser considerados europeos, ya que actualmente hay una gran controversia acerca de la posibilidad de incorporación de Turquía a la UE, pero deportivamente está totalmente asumida la "europeidad" tanto de los equipos turcos como de los israelíes.