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Dos redes de educación en Cataluña

La Cataluña de los nacionalistas y de los nacional-socialistas no es un país bilingüe; su corazón es monolingüe. Tolera el castellano como un hecho no deseable.

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En la entrevista a Artur Mas, publicada en El Mundo el pasado domingo, afirmaba el entrevistado sobre el problema de la enseñanza en castellano: "lo que no vamos a hacer es la doble red escolar". Las ideas personales de Mas quedan suficientemente claras cuando sugiere que quienes quieran enseñanza en castellano pueden montar su propio colegio privado, "exactamente igual que se montó uno de japonés". Queda claro que considera que en Cataluña los castellano-hablantes pueden ser considerados, al menos en el punto de educación, como los japoneses, es decir, extranjeros. La Cataluña de los nacionalistas y de los nacional-socialistas no es un país bilingüe; su corazón es monolingüe. Tolera el castellano como un hecho no deseable.

Pero sucede que Cataluña, por ahora, no es la finca de Artur Mas y forma parte de España, aunque según los socialistas y sus socios en el Gobierno o en el Parlament, sería más exacto decir "del Estado español". El Estado español, como organización de poder, es responsable último de que los ciudadanos tengan defendidos sus derechos, entre ellos "el derecho a la educación", derecho que va intrínsecamente unido a una lengua vehicular. En la actualidad el principio de igualdad de los ciudadanos a recibir el mismo o equivalente servicio de los poderes públicos en todo el territorio nacional sufre una quiebra evidente en Cataluña en cuanto a la educación en castellano.

En España muchos de los derechos de los ciudadanos –salud, seguridad...– son atendidos por poderes públicos de rango inferior al Estado. Es evidente que si estos poderes no quieren o no atienden a la satisfacción de estos derechos, el Estado no puede encogerse de hombros y lamentarse. Tiene un evidente deber de actuación que, en lo que se refiere a las comunidades autónomas, está contemplado en el artículo 155 de la Constitución.

La conclusión de este razonamiento, que aquí solamente apuntamos porque entendemos que su evidencia hace innecesarios mayores desarrollos, es que el Estado tiene la obligación de poner en marcha y mantener en Cataluña un sistema de enseñanza en castellano para satisfacer un derecho legítimo de todo español, ya que el sistema propio de la Generalidad se limita a la enseñanza en catalán.¿Habría algún problema técnico para mantener centros de enseñanza en castellano de titularidad estatal en los que hubiera clases de catalán junto a centros de enseñanza en catalán de titularidad autonómica en los que hubiera clases de castellano? ¿Los ciudadanos en Cataluña tendrían mayor o menor libertad? A nadie se perjudica, a todos se beneficia.

La negativa de los nacionalistas está garantizada. Pero, ¿quién ha pensado que a los nacionalistas les importa la libertad de los que no son como ellos? La negativa del PSOE está garantizada. Pero, ¿quién ha pensado que el PSOE pone los derechos de los ciudadanos por delante de sus intereses de partido? Así pues, la propuesta de este artículo está condenada al silencio. ¿Es inútil? Al menos sirve para aclarar, si fuera menester, las posturas de cada cual.
 
Fernando Prieto es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

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