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La desviación del poder

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Entre las ideas que están actuando en el debate sobre el decreto aprobado por el Gobierno que paraliza la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación aprobada por las Cortes, no tiene relevancia la que a nuestro juicio está en el fondo del problema y debería estar también en su solución: la desviación de poder.
 
La doctrina del Derecho administrativo y la jurisprudencia han elaborado con finura jurídica el concepto de “desviación de poder”. Es aquella actuación de una autoridad dentro de su competencia, es decir, dentro del campo de sus facultades, que utiliza su poder para una finalidad distinta de aquella para la que se le ha concedido. Esta figura permite un control del poder que hila mucho más finamente que el habitual de negar la competencia de la autoridad. Los administrativistas conocen muy bien esta figura y los estudiantes de Derecho la aprenden contemplándola en multitud de ejemplos.
 
En el caso que nos ocupa, es evidente que el Gobierno tiene la facultad reglamentaria de desarrollo de la ley. Esta facultad se ejerce por medio de decretos que han de estar de acuerdo con lo que la ley establece. Pero han de estar de acuerdo no solamente con la letra de la ley, sino también con su espíritu, con lo que la ley pretende. Siguiendo con nuestro, el decreto se aprueba no para que la ley se cumpla, sino para que no se cumpla. No se trata de una suspensión temporal de la aplicación de la ley para conseguir más adelante un mejor cumplimiento de la misma, sino de una suspensión indefinida para que no haya cumplimiento alguno. Este es el sentido del decreto tal y como lo han explicado paladinamente algunos responsables del mismo. Los estudiantes de Derecho tienen un ejemplo nuevo de la figura “desviación de poder”.
 
La doctrina y la jurisprudencia enseñan que la desviación de poder es causa de nulidad del acto administrativo. ¿Qué pasará en este caso? ¿Se cumplirán los principios del Estado de Derecho? No lo creo; ya hay precedentes.
 
 
Fernando Prieto es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

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