Se ha tenido que llegar a una situación casi límite, con una inflación disparada sobre todo en bienes de gran consumo y de primera necesidad, como alimentos frescos, vestido y calzados, y con un diferencial con la zona euro que se sitúa ya en 1,7 puntos, para que el Gobierno empiece a reaccionar en el tema de horarios comerciales y deje de estar acomplejado, como en otros muchos cuestiones, ante grupos de interés, sindicales y empresariales.
Basta recordar que la Ley del Comercio Minorista de enero de 1996, elaborada por el gobierno socialista, ya estableció como horizonte de libertad total de horarios el 1 de enero de 2001, pero este calendario no se ha cumplido porque seis meses antes de que se alcanzara el plazo el ejecutivo actual aprobó un Decreto-Ley de medidas urgentes para intensificar la competencia. Pareció más bien que, en el tema que nos ocupa, la intención fue la contraria, ya que se retrasó la libertad de horarios hasta el 1 de enero del año 2005 y se otorgó a las administraciones autonómicas la regulación transitoria. Es importante destacar que esta norma ya estableció libertad de horarios y de días de apertura para muchos pequeños y medianos comerciantes si por su tamaño, situación o productos en venta tenían o cumplían determinadas condiciones.
Es necesario destacar lo anterior porque una regulación restrictiva en la distribución comercial se suele justificar diciendo que se pretende con ella proteger al comercio tradicional, incluso a los consumidores, frente a la voracidad de las grandes superficies, un argumento que suelen compartir socialistas e intervencionistas. Recordemos la disparata analogía que hace José Saramago entre la caverna de Platón y el hipermercado, donde el escritor concentra todos los males del capitalismo, aunque eso no le impide vender más libros en esas grandes superficies.
La supuesta posición dominante de los grandes superficies es muy discutible, habida cuenta de que los hipermercados solamente alcanzan en la actualidad poco más del 10 % de la cuota de mercado frente al casi 50 % del comercio tradicional. Además, aunque es cierto que la estructura de costes y la economía de escala hace que las grandes superficies puedan afrontar mejor las desregulaciones de horarios, el pequeño comercio tiene más posibilidades de ofrecer valores añadidos en mercados menos regulados, como son la atención personalizada, la especialización o la entrega a domicilio.
Y este argumento olvida, sobre todo, que la libertad de horarios beneficia principalmente al consumidor, tanto en precios como en calidad y en capacidad de adaptación a los cambios sociales, familiares y laborales. No se puede olvidar que unos horarios más amplios facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y simplifican las tareas en los hogares unipersonales y en aquellos donde trabajan todos los miembros adultos. Es, sin embargo, en precios donde el consumidor obtiene mayores ventajas, y dado que la oferta es mayoritariamente de bienes de primera necesidad, el beneficio recae sobre todo en los sectores con menos ingresos. Resulta sorprendente comprobar, por ejemplo, que mientras que los precios alimentarios en general suben actualmente a una tasa anual del 5 %, esta tasa es sólo del 2 % en el caso de los hiper.
Pero en cualquier caso, lo más llamativo es que mientras los alimentos frescos acumulan una subida anual del 7,5 % anual, los precios agrícolas han caído un porcentaje casi igual durante el mismo periodo, por lo hay que atribuir gran parte de las tensiones inflacionistas a los canales de distribución, tanto mayorista como minorista.
Si el gobierno decide por fin a liberalizar la distribución comercial, significará un paso hacia lo que Mises llamaba soberanía del consumidor, basada en la libertad de escoger los bienes que han de satisfacer sus necesidades donde y cuando decida. Bajo esta soberanía, el productor y el comerciante quedan al servicio del consumidor. Por mucho que le pese a Saramago.
En Libre Mercado
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