El Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA) el 30 de junio y se espera que la Cámara de Representante lo considere a fines de julio. Por su parte, los gobiernos de las seis naciones latinoamericanas tratan de explicar a sus 43 millones de ciudadanos las ventajas de mayor acceso a productos y servicios, más variedad y mayor competencia que conducirá a mejores precios.
Estados Unidos ya es el socio comercial más importante de esos países y cerca del 80% de las exportaciones provenientes del área a este país ya entran libres de aranceles. El nuevo acuerdo aumentaría esos beneficios y los haría permanentes. Por su parte, EEUU ya exporta unos 16 mil millones de dólares anualmente a esos países y el tratado sería ventajoso para todas las partes.
Pero ciertos grupos no lo ven así. El principal opositor es la industria azucarera norteamericana: los productores de caña de azúcar en Florida y Luisiana, además de los productores de remolacha en 12 estados del centro. El aumento de las importaciones de azúcar sería inicialmente de apenas 1,2% del consumo actual, aumentando a 1,7% en 15 años. Toda importación adicional pagaría altos aranceles.
La industria azucarera de EEUU tiene una larga historia de protección oficial, a través de precios mínimos y restricciones a las importaciones. El año pasado logró una gran victoria al conseguir que el azúcar no se incluyera en el acuerdo de libre comercio con Australia.
Lo que el sector azucarero norteamericano no menciona en sus ataques al CAFTA es que el acuerdo protege sus intereses todavía más. En lugar de permitir mayor importación de azúcar, EEUU puede decidir pagar a los firmantes para que no exporten su azúcar. Esos son los vericuetos políticos de los llamados “acuerdos de libre comercio”: pagar a empresas para que no exporten a este país. Y, claro está, ese dinero saldría del bolsillo de los contribuyentes, en beneficio de unos pocos empresarios privilegiados.
Aunque el CAFTA contiene más medidas que benefician en lugar de perjudicar a los consumidores, es preocupante que retarde tanto los beneficios del libre intercambio. El sector agrícola norteamericano seguirá protegido por largos años y lo más preocupante son las previsiones que nada tienen que ver con el intercambio comercial, sino con regulaciones laborales y del medio ambiente. Además de desviar fondos de las necesidades urgentes de esas naciones, las regulaciones laborales y del ambiente frenarán el crecimiento económico que es la manera más efectiva de lograr mejorías tanto en las condiciones de trabajo como del ambiente.
Quienes cargarán con el peso de esas regulaciones que nada tienen que ver con el comercio son las familias más pobres de esas naciones latinoamericanas.
Los acuerdos comerciales se deben concentrar en el impacto positivo del libre comercio, en vez de ser utilizado como torpes herramientas para tratar de alcanzar ciertos y determinados objetivos en las áreas laboral y ambiental. Esas mejores normas se logran a través de mayores ingresos y más prosperidad, en vez de frenando la capacidad de esas naciones de mejorar su nivel de vida.
