Este fin de semana, Luis Roldán ha empezado a disfrutar de la libertad parcial que le permite la circunstancia de haber alcanzado el tercer grado en el cumplimiento de su condena. Mucha gente se ha indignado al ver que sale tan pronto a la calle un personaje que nunca ha hecho el menor intento de reparar el daño que causó en su día ni ha devuelto, desde luego, el dinero que nos robó a todos los contribuyentes. Pero no nos preocupemos. Nos han dicho que podemos estar seguros de que nuestro Gobierno le embargará la totalidad del salario que gane el día que se ponga a trabajar. Es cierto que con esta medida no se conseguirá recuperar una parte muy importante del dinero robado, ya que hace falta trabajar bastantes años –o tener un salario muy generoso– para que a uno le embarguen los aproximadamente 1.600 millones de pesetas que este señor se metió en el bolsillo. Pero también es verdad que, con decisión del Gobierno, no le va a quedar ni un solo euro de su salario. ¡Para que aprenda lo que es mano dura!
Una vez serenada, gracias a esta medida, mi indignación inicial, he empezado, sin embargo, a darme cuenta de lo absurdo de la declaración del Gobierno. En primer lugar, tengo serias dudas sobre su legalidad. Y la razón es muy simple: si una persona alega no tener más ingresos que su sueldo, y no se puede probar lo contrario, tiene derecho a conservar un mínimo para vivir. Como no parece que el sueldo que formalmente se le asigne, en su hipotético futuro empleo, vaya a ser muy elevado, la posibilidad legal de embargar algo será, seguramente, mínima. Y, aunque los ingresos reales sean mucho mayores, resulta bastante ingenuo pensar que un hombre en estas condiciones vaya a declarar lo que realmente gane y esté dispuesto a sufrir, con resignación, que le embarguen una buena parte de este sueldo.
El problema no es nuevo, desde luego, ya que ha sido abordado en todos aquellos sistemas legales que permiten pactos de aplazamiento y reducción de deuda, generalmente en el marco de un concurso de acreedores o una quiebra personal. En estos sistemas se han adoptado fórmulas diversas para conseguir que una parte del salario del deudor pase a poder de sus acreedores, sin dañar tanto los incentivos de aquél como para que abandone su empleo o pacte con su empresario una remuneración real superior a la declarada. A nadie, sin embargo, se le había ocurrido nunca, hasta ahora, embargar el cien por cien del salario, dados los previsible efectos de tal medida.
Pero, reflexiones teóricas aparte, creo que lo que realmente deberíamos plantearnos los acreedores de Roldán, es decir, todos los ciudadanos españoles, es lo siguiente: ¿no sería mejor que la Administración dedicara sus esfuerzos a tratar de recuperar, al menos, una parte de los fondos desaparecidos, en lugar de preocuparse por embargar ese posible sueldecillo, que a Roldán sólo le habría servido para tomarse unas cañas de vez en cuando?
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