Nuestra sociedad es equivalente a un grupo de personas situadas en círculo cada una de las cuales mete su mano derecha en el bolsillo izquierdo de quien tiene a su lado. Consiste en conseguir quitarle al vecino más de lo que nos quitan a nosotros.
En las economías modernas se ha desarrollado una compleja trama de intereses particulares, en la que los consumidores y las empresas intentan lograr los mayores beneficios posibles a menudo a costa de otros grupos sociales. Esto ciertamente no es una novedad. Siempre ha habido intereses encontrados y grupos de presión. Basta leer, por ejemplo, algunas páginas de Adam Smith para comprobar que tales comportamientos eran habituales hace más doscientos años; y podríamos remontarnos mucho más atrás en el curso de la historia. Lo que ha cambiado en nuestro siglo es el marco institucional en el que los grupos de interés actúan. El crecimiento del sector público y la regulación de la actividad económica han hecho, en efecto, que el control del Estado sea hoy la fórmula más eficaz para lograr los objetivos particulares buscados.
Esta utilización del Estado para la consecución de intereses particulares se ha visto facilitada por la popularización de la idea de que el sector público debe actuar cada vez que un grupo determinado –sean empresas al borde de la quiebra, agricultores en apuros o trabajadores en paro– piensa que necesita ayuda para resolver sus problemas económicos. Se trata, en el fondo, de la creencia en una última instancia pública para la solución de las dificultades y en un Estado benefactor que tiene obligación de acudir en socorro de estos grupos, aunque esto suponga aumentar las cargas fiscales del resto de la población. Así se defenderá el establecimiento de un arancel de aduanas en un determinado sector con el argumento de que es necesario que el Estado garantice los puestos de trabajo y las inversiones realizadas en dicho sector. O se pedirá que se limite el acceso a una profesión fijando un "numerus clausus" para sus miembros o exigiendo unos estudios específicos innecesarios alegando la obligación que el Estado tiene de "defender" a los consumidores.
Los estudios del profesor Stigler sobre el desarrollo de la regulación en la economía norteamericana fueron en su día ilustrativos a este respecto. Como es sabido, el peso del sector público es, en los Estados Unidos, menor que en los países de la Unión Europea. Pero, pese a ello, en aquel país tuvo lugar un fuerte crecimiento de la regulación estatal en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, que la reacción experimentada entre 1980 y 1990 apenas ha podido corregir y que hoy se ha convertido de nuevo en tema de debate con motivo de la crisis financiera. La explicación tradicional de este fenómeno ha sido que la regulación se desarrolló como consecuencia de una creciente presión popular frente a los intereses de los empresarios que –se dice– se habrían opuesto a toda reglamentación y habrían defendido la libertad de mercado. La teoría de Stigler nos lleva, en cambio, a una explicación bastante diferente. De acuerdo con ella, los empresarios, lejos de ser los defensores de la libertad de mercado, habrían hecho valer sus intereses ante el gobierno y habrían acabado consiguiendo unas reglamentaciones más favorables a sus propios intereses que a los de los consumidores o los contribuyentes.
Pero si estas medidas favorecen a grupos de interés concretos, los costes para el conjunto de la economía de un país pueden ser muy elevados. Los beneficios que las empresas obtienen mediante un proceso de búsqueda de rentas no son consecuencia de una mayor eficiencia productiva, de una innovación tecnológica o de la creación de un nuevo producto. Lo que tiene lugar, en cambio, es una redistribución de la renta conseguida gracias a una distorsión ineficiente del mercado. Toda la sociedad obtiene ventajas del aumento de la eficiencia de sus empresas y los beneficios de éstas se extienden, en tal caso, al conjunto de la economía nacional. Pero cuando el beneficio empresarial se logra gracias a la reglamentación estatal, la sociedad no sólo no obtiene ventajas, sino que puede sufrir pérdidas como consecuencia de una economía menos eficiente y competitiva.
Una de las características de las sociedades avanzadas actuales es, precisamente, la generalización de las conductas de búsqueda de rentas, lo que tiene como resultado que todos obtengamos beneficios a costa de nuestros compatriotas y, al mismo tiempo, paguemos los beneficios que los demás logran a nuestra costa. Si todos obtuviéramos beneficios equivalentes a las pérdidas soportadas por las transferencias de renta que hacemos a los demás grupos sociales, nos encontraríamos ante una situación en la que la distribución de la renta no se vería alterada; si bien la sociedad en su conjunto experimentaría una pérdida de bienestar a causa de la pérdida de eficiencia que el proceso redistributivo ocasiona. Lo que ocurre es, sin embargo, que no todos los grupos obtienen los mismos resultados de sus presiones al Estado; y, por tanto, algunos resultan beneficiarios netos de la acción estatal, mientras otros son perjudicados por las políticas públicas que aquéllos patrocinan.
El objetivo de cada grupo es, por tanto, conseguir que lo que recibe sea superior a lo que aporta. En un símil muy conocido, nuestra sociedad es equivalente a un grupo de personas situadas en círculo cada una de las cuales mete su mano derecha en el bolsillo izquierdo de quien tiene a su lado. Consiste en conseguir quitarle al vecino más de lo que nos quitan a nosotros. Lo que en la vida real ocurre es que, para lograrlo, algunos grupos cuentan con la ayuda del Estado. Son, casi siempre, los ganadores.
