El proyecto de ley de universidades ha gustado muy poco a los rectores españoles, quienes, a lo largo de las últimas semanas, han dirigido duras críticas a las propuestas de reforma presentadas por el Ministerio de Educación. Atacan el proyecto, por una parte, con el argumento de que viola la autonomía universitaria y alegan que el Estado invade, además, competencias autonómicas. Por otra, se oponen a que las universidades privadas tengan representación en el organismo que sustituirá al actual Consejo de Universidades. Y, además, se oponen radicalmente a que los consejos sociales tengan un mayor protagonismo en la gestión universitaria.
A nadie que conozca con un mínimo detalle la universidad española le sorprenderá, sin embargo, esta reacción. La Ley de reforma universitaria del PSOE, hoy en vigor, convirtió a los rectores en personajes políticos que tienen que ganarse el puesto negociando los votos con los sectores representados en el claustro: el profesorado, los alumnos y el personal administrativo y de servicios. No se puede hoy ser rector, por tanto, si previamente no se han alcanzado acuerdos con los sindicatos y las asociaciones de estudiantes. Y estos pactos se cuecen en el marco de censos electorales muy reducidos --los claustros tienen entre doscientos y quinientos miembros, generalmente--, que se prestan al intercambio de votos por favores y promesas electorales. Resulta muy difícil afirmar, por tanto, que la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria se sienten representados hoy por la conferencia de rectores.
Uno de los efectos más perniciosos de este sistema ha sido la consolidación de la figura del rector que, además de excelentísimo y magnífico, intenta ser también cuasi perpetuo. No se puede generalizar, ciertamente, ya que hay rectores que, tras un período razonable de mandato, deciden no volver a presentarse para renovar el cargo. Pero algún rector tenemos hoy con veinte años en el puesto... y no pocos de sus colegas estarían encantados con la idea. Dada la rapidez de la evolución de la ciencia moderna, pensar que un catedrático pueda, después de dos décadas de rector, dar una clase digna de física, economía o derecho civil entra en los dominios de la ciencia ficción.
Una de las aportaciones importantes de la ciencia económica al análisis de los comportamientos sociales ha sido enseñarnos a ver a los políticos como maximizadores de sus particulares funciones de utilidad. Puedo equivocarme. Pero veinte años de catedrático en activo me han permitido observar que este principio es perfectamente aplicable también a la vida universitaria. Y creo que, con este modelo en la cabeza, se entiende mejor la revuelta rectoral.
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