En el Congreso de los Diputados están viendo cine. Además de los políticos asisten productores, distribuidores y exhibidores, que según ellos mismos son todas las partes interesadas en el proyecto de ley del cine. ¿Todos? ¿No olvidan a nadie? Tal vez los espectadores tengan algo que decir, pero entre los productores de arte y cultura es frecuente el desdén hacia el público que no los comprende. Además son tantos que no cabrían en la sala, mejor dejarlos fuera.
En estas sesiones predomina una curiosa mezcla de drama, terror, farsa y cine de autor con mensaje. El presidente de los productores, Eduardo Campoy, afirma radicalmente que lo que corta la libertad de comercio es precisamente que no exista la cuota de pantalla. Muy consistente: la libertad de comercio consiste en mantener restricciones coactivas al libre intercambio, en este caso del lado de la oferta. Menos mal que no se les ha ocurrido coaccionar por el lado de la demanda, obligando a los espectadores a ver una película española por cada tres americanas (y no vale dormirse ni salirse antes del final). El cine de vodevil con divertidos malentendidos también tuvo su lugar: un congresista adormilado se sintió ofendido cuando entendió que Campoy le decía "Debemos legislar, sinvergüenza"; en realidad dijo "Debemos legislar sin vergüenza".
Recuerden que el cine es ficción, porque según la presidenta de la Academia de Cine, Marisa Paredes, "El libre mercado no existe". Enrique González Macho, productor y distribuidor, afirma que la cuota de pantalla es "imprescindible para sobrevivir", y que su desaparición pone al cine español "en el corredor de la muerte y con fecha fijada para la ejecución". Lástima que no estuviera presente Sherlock Holmes para utilizar la lógica e indicarle que si el cine español está tan mal que no puede sobrevivir sin protección, es que es muy malo.
La ley del cine es un atentado contra la libertad. La cuota de pantalla obliga a los propietarios de las salas a exhibir películas españolas o europeas que no interesan y que producen pérdidas (si fueran atractivas no sería necesario obligarles a proyectarlas). Mediante las subvenciones estatales los contribuyentes que no están interesados en el cine español financian a sus productores, directores, guionistas, técnicos y actores, los cuales además ya suelen ganar buenos sueldos o incluso auténticas millonadas. Se afirma que la actual política de subvenciones es más racional, ya que es proporcional a los ingresos por taquilla. Pero si una película consigue una buena taquilla, ¿qué necesidad tiene de subvención?; y si la taquilla es mala, ¿no significa eso que no interesa, o sea que no merece ninguna recompensa?
A menudo las gentes del cine se consideran a sí mismos influyentes creadores de opinión y centros del universo. No les entra en la cabeza que son trabajadores sometidos como todo el mundo a la voluntad de los consumidores. El director de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, Fernando Méndez Leite, insiste en lo que "al parecer muchos olvidan: que el cine es cultura". Supongo que esto arruina todos mis argumentos precedentes.
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