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Las protestas del profesorado público

Los profesores de la enseñanza privada por lo general ganan menos, trabajan más horas y tienen menos seguridad laboral. Los principales defensores de la enseñanza pública parecen ser los funcionarios que la proporcionan.

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Al parecer es obligatorio respetar y reconocer el trabajo del profesorado de la educación pública. Si ellos dicen de sí mismos que sólo, o principalmente, les preocupa dar el mejor servicio posible a sus alumnos, tenemos que creérnoslo. El fracaso escolar y la deficiente formación de muchos jóvenes no pueden ser culpa suya, tiene que ser el sistema pero no las personas (bueno, quizás sí los políticos o gerentes de alto nivel, sobre todo si les plantan cara).

No se puede ni siquiera plantear que su trabajo podría no ser satisfactorio: que como a todo ser humano, les interesa tener un sueldo alto y seguro a cambio del mínimo esfuerzo posible; o que en defensa de sus intereses particulares, como activistas sindicales organizados como grupo de presión, tal vez no tengan demasiados escrúpulos morales a la hora de distorsionar la verdad, difundir eslóganes y presentarse como víctimas.

Es cierto que la actividad laboral de un profesor no incluye sólo las horas de presencia física en las aulas. También hay que contar la preparación de las clases (que quizás no son tan difíciles y no cambian mucho de un año para otro), las tutorías (cuyo aprovechamiento por los alumnos sería una gran novedad), los exámenes, las reuniones, etc. Pero el hecho de que tanta gente quiera ser profesor en la enseñanza pública refleja que muchas personas lo consideran una profesión atractiva, al menos en comparación con las alternativas. No deben de estar muy cerca del colapso físico o mental cuando deciden seguir en su puesto: tal vez es que no se vive tan mal siendo profesor, pero de cara a la galería conviene presentarse como sacrificados servidores del bien común.

La educación es muy importante para el progreso y el bienestar de una sociedad. Resulta extraño entonces que tanta gente insista en proporcionarla de la forma más ineficiente posible, o sea, mediante burocracias estatales y planificación centralizada, sin apenas competencia ni libertad de elección. Sólo interesa cuánto dinero se gasta en la enseñanza, pero no se presta especial atención a cómo distribuir ese gasto según las preferencias e intereses de sus presuntos beneficiarios, los alumnos y sus familias.

Un servicio público puede ser defendido por sus receptores si estos consideran que reciben más que lo que les cuesta, si pueden transferir el coste a otros. Pero el servicio público puede ser también promovido o capturado por quienes lo prestan y reciben ingresos de él: los proveedores pueden llegar a constituir los intereses creados más inmovilistas. El productor competente de cualquier bien o servicio defiende la libertad de elección; son los poco competentes los que no simpatizan con el mercado libre.

En el caso de la educación mucha gente elige la enseñanza concertada o incluso la privada, que además de proporcionar mejor calidad aprovechan de forma más eficiente sus recursos disponibles. Los profesores de la enseñanza privada por lo general ganan menos, trabajan más horas (en todas las diversas tareas) y tienen menos seguridad laboral. Los principales defensores de la enseñanza pública parecen ser los funcionarios que la proporcionan. Naturalmente lo hacen por el bien ajeno y por la dignidad humana. O al menos eso dicen: y como son profesores debemos creer las verdades que transmiten.

Francisco Capella es director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana, creador del proyecto Inteligencia y Libertad y escribe regularmente en su bitácora.

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