En un mercado libre, los precios de todos los bienes y servicios los fija la interacción entre la oferta y la demanda. Ninguno de los participantes de un intercambio comercial puede fijar unilateralmente los términos del mismo. Un vendedor puede pedir por sus productos la cantidad de dinero que estime conveniente, pero no conseguirá vender si su precio no es competitivo, si existe otro comerciante que vende lo mismo a un precio mejor. Y aunque no exista competencia, la compraventa no se realiza si el comprador potencial valora más su dinero (y las otras cosas que puede adquirir con él) que la mercancía ofrecida a un precio que considera excesivo. Lo mismo sucede con los compradores, quienes deben competir por los productos en venta con otros consumidores que tal vez estén dispuestos a ofrecer más dinero.
Los precios deben poder fluctuar libremente para reflejar los cambios de la oferta y la demanda. Cualquier restricción política a los cambios en los precios es una causa de descoordinación económica. Si los precios intentan fijarse de forma arbitraria (voluntaria o coactivamente) lejos del precio de mercado (aquel que iguala oferta y demanda), se provoca escasez (precios demasiado bajos) o excesos de inventario (precios demasiado altos).
Las personas que protestan por los incrementos de precios que pueden producirse por la aparición del euro (redondeos y demás) muestran ignorancia económica, pasividad y actitud lastimera. El vendedor de un producto tiene perfecto derecho a subir o bajar los precios cuando desee, igual que el comprador habitual puede serle infiel y pasarse a la competencia sin necesidad de excusas ni explicaciones. Parece que hay gente que cree que tiene derecho a comprar el pan y la leche siempre en el mismo sitio y siempre al mismo precio: son poco tolerantes con las decisiones ajenas e incapaces de buscar y comparar precios y calidades. En vez de resolver sus problemas por sí mismos reclaman quejicosos la intervención política coactiva. Además, no se dan cuenta de que si los precios están muy por encima de los costes de producción, lo que sucede no es un abuso, sino una oportunidad de negocio estupenda para entrar en ese sector económico como empresario y obtener buenos beneficios. Pero la cultura estatista dominante hace que abunden los llorones que no saben vivir sin la protección de papá Estado, y que escaseen los auténticos empresarios creadores de riqueza.
La única forma de que se produzca un incremento generalizado de los precios (inflación de precios) es la pérdida de valor de la moneda causada porque los gobernantes incrementan la cantidad de dinero en circulación (inflación monetaria). Pero los políticos, maestros en el deshonesto arte de echar las culpas a otros y desviar así la atención de sus desmanes, advierten a los comerciantes contra la tentación de subir los precios. Como si dejar que el mercado libre funcione fuera un pecado.
Los políticos argentinos, esa casta parasitaria que está demostrando claramente que entre los gobernantes y una banda organizada de delincuentes la única diferencia es la pretensión de legitimidad, están llevando al límite este juego sucio: han devaluado la moneda de forma brutal, pero amenazan a los dueños de comercios y empresas que intenten adaptarse a esta nueva situación. Los presuntos garantes de la seguridad y el orden no hicieron nada ante los saqueos vandálicos, tal vez porque les parecían legítimos o quizás los consideraban una forma —repugnante— de presionar y controlar a los comerciantes. La excusa es que todos deben sacrificarse en una situación de crisis tan grave como la actual. El problema es que no todos los ciudadanos la han causado, y mucho menos los que trabajan, ahorran, arriesgan y producen.
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