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Francisco Capella

Recuperemos el dinero de Gescartera

Muchos ciudadanos están justamente indignados sabiendo que personajes como Luis Roldán, después de pasar unos pocos años en prisión (una cárcel "de lujo" además, y a costa de los contribuyentes), saldrán libres y podrán huir del país y disfrutar de buena parte de los miles de millones que robaron y escondieron en alguna parte. Y lo mismo hará otro personaje de más actualidad como Antonio Camacho, el presunto responsable de las "irregularidades" de Gescartera. Que esto pueda suceder demuestra que nuestras leyes son elaboradas por personas de escasas luces y nulos conocimientos de ética. No es buena la ley que hace que algunos delitos merezcan la pena.

La ética indica que el derecho fundamental de cada persona es el de propiedad privada. Cuando este derecho es violado, el criminal pierde sus derechos en forma proporcional a lo que le ha quitado a la víctima. El propietario puede utilizar la fuerza para conseguir que el ladrón le devuelva lo robado más daños y perjuicios (si bastara con devolver lo robado el crimen merecería la pena, porque quizás no te cojan; y aunque te cojan). La deuda del ladrón no prescribe, y si no tiene recursos propios se le puede obligar a trabajar hasta alcanzar la compensación total. Encarcelarlo no es necesario si una vigilancia adecuada es suficiente para conseguir que no evite cumplir con su deber. Si el encarcelamiento es inevitable, éste debe ser pagado por el propio delincuente, no por sus víctimas. El criminal no tiene una deuda con "la sociedad" sino con aquellos a quienes ha agredido, y el Estado no tiene legitimidad para confiscar los derechos de las víctimas. Si sabe que no será libre y que no podrá disfrutar del dinero escondido hasta compensar plenamente lo que ha hecho, el ladrón tiene fuertes incentivos para recuperar lo robado.

Si los bienes robados por el delincuente fueron traspasados a otras personas (parientes, personas de confianza, testaferros), es perfectamente legítimo quitárselos, ya que el ladrón no es el propietario legítimo y no tiene derecho a transferir a otros lo que no es suyo. Y esto deberían saberlo los receptores de bienes sospechosos de ser obtenidos de forma ilegítima.

Antes de arremeter contra los paraísos fiscales, habría que considerar que algo falla en los sistemas impositivos del mundo cuando muchos ciudadanos honrados, que nada tienen que ver con negocios sucios, procuran poner su patrimonio a salvo de la voracidad fiscal de sus estados por medios extralegales; aunque convendría que los depositarios de ese dinero se aseguraran de que ha sido obtenido honradamente, ya que si no lo hacen, pueden encontrarse en posesión de bienes robados. Y añadamos, por si no está claro, que el delito fiscal dista mucho de ser un verdadero crimen, como lo son el robo, la extorsión o el asesinato.

Recuperar ese dinero estafado o robado vendrá muy bien a las víctimas de Gescartera, pero también al resto de los contribuyentes, que así evitarán el riesgo de ser los que paguen el pato.

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