Respecto a "la escandalosa subida de los precios del suelo y de la vivienda" el diputado socialista Joaquín Leguina opina que la vigente Ley del Suelo supone "el triunfo de una ideología, la neoliberal en su versión carpetovetónica, que se ha alcanzado mediante la demagogia y la mentira". Cree el ladrón que todos son de su condición.
La izquierda en el poder municipal plantea el derecho a la vivienda en su sentido colectivista: que sean los gobernantes los que planifiquen de forma centralizada y coactiva la urbanización del territorio y organicen la construcción de vivienda "social" (como si alguna vivienda no lo fuera), entiéndase subvencionada para satisfacción de sus potenciales votantes, todo en contra del derecho de propiedad y mediante la confiscación impositiva. Creen que el mercado libre sólo puede producir infraviviendas o pisos y chalets de lujo. Olvidan que esas infraviviendas les han parecido adecuadas a sus propietarios al precio al cual se vendieron, y que si la calidad o el tamaño hubieran sido mayores tal vez no habrían podido permitírselas.
En un mercado libre los precios los fijan las leyes inexorables de oferta y demanda; leyes que no sólo no tienen nada de inhumanas sino todo lo contrario, son el resultado lógico de la naturaleza humana. Por otra parte, creer que el incremento de la oferta de suelo urbanizable disminuye automáticamente los precios de la vivienda es una ingenuidad. Las leyes de oferta y demanda son proposiciones "ceteris paribus", es decir que indican qué sucede al variar un factor si todo lo demás permanece constante, señalan cómo influye ese factor sobre el precio final del bien. Incrementar la oferta de suelo urbanizable tiende a bajar su precio, pero otros factores pueden intervenir simultáneamente de modo que el resultado final sea un incremento de su precio: el bajo coste financiero de la vivienda (interés hipotecario bajo por política monetaria expansiva, presuntamente para combatir la fase recesiva del ciclo económico), inversiones alternativas poco atractivas, incremento de la cantidad de población que demanda el bien (incremento local, segundas residencias de nacionales o extranjeros para turismo). Los precios de la vivienda habrían subido aún más si no se hubiera incrementado la oferta de suelo urbanizable.
Se plantea que la subida de precios de la vivienda es un problema gravísimo para quien quiere comprar una, pero se olvida que es una bendición para los propietarios dispuestos a vender. Tal vez porque los propietarios no votan socialista porque suelen ser menos colectivistas que los no propietarios. Los presuntos remedios socialistas son patéticos, y nunca olvidan "las exigencias del desarrollo sostenible", tal vez alarmados ante la posibilidad de que se agote el suelo urbanizable en un país como el nuestro de baja densidad de población. En las comunidades autónomas con gobiernos socialistas se recalifica terreno pero se obliga a los propietarios a construir en un plazo relativamente breve, de modo que deben obtener financiación para la construcción, y luego los beneficios de la venta de las viviendas (si los hubiere) se obtienen todos concentrados en el tiempo, lo cual obviamente incrementa enormemente la carga impositiva debido a su progresividad. Se impide que los propietarios decidan por sí mismos el momento adecuado para el desarrollo urbanístico de su suelo según sus deseos, necesidades y capacidades. Se condena la especulación (palabra tan malsonante como incomprendida), con lo cual se impide el ajuste intertemporal de precios.
Los colectivistas están naturalmente a favor de la planificación: ellos planifican y todos los demás obedecen, les guste o no, a sus mandatos coactivos. A Leguina le parece espantoso que todo el suelo sea urbanizable salvo excepciones, ya que eso le quita a él, como político que es, el poder discrecional de decidir sobre los bienes ajenos. Cuando durante tanto tiempo se ha controlado las vidas ajenas y se ha metido la mano en el bolsillo de los demás es difícil desengancharse del vicio.
Leguina acusa a los propietarios de suelo y a los promotores de agredir a los consumidores, de especular y fijar precios "en régimen oligopólico y monopólico", pero no da ni nombres ni datos ni explica si existe alguna barrera legal de entrada al sector. Parece creer que el precio del suelo no podrá bajar nunca, incluso que debe estar garantizado que su incremento será mayor que otras inversiones alternativas. Es el negocio perfecto, nunca hay pérdidas y las ganancias son siempre las máximas posibles; tiene que haber bofetadas por participar. Y es que Leguina afirma rotundamente que "en un mercado de este tipo, fijado el precio por el monopolista, siempre hay alguien dispuesto a comprar" como inversión. Si el señor Leguina me asegura de forma contractual este chollo yo seré ese alguien. Pero si un día se desinfla la burbuja inmobiliaria a muchos se les va a poner cara de tontos sorprendidos. Conviene preguntarse cómo es que el precio no es ya infinito si se fija de forma unilateral. O por qué vender hoy si mañana el beneficio será mucho mayor con toda seguridad.
Leguina habla de la "invasión de nuevos territorios" como si urbanizar fuera un acto de barbarie. Lo que a él le molesta es lo qué el llama urbanización "indiscriminada", que es aquella en la que los ciudadanos deciden qué hacer con sus terrenos y con su dinero. Leguina quiere una urbanización discriminadora en la cual él sea quien discrimine: tú aquí sí puedes urbanizar, tú allí no (tal vez por antipatía, por no tener el carnet del partido o los contactos adecuados, o por simple mala suerte).
Leguina acusa a los promotores de delincuentes, de "maquinación para alterar el precio de las cosas", pero dice que son demasiado poderosos y que nadie los va a denunciar, ni siquiera a nombrar. Qué manera tan cobarde de tirar la piedra y esconder la mano, sobre todo por parte de un político con inmunidad legal y que durante tanto tiempo tuvo el poder de castigar a los malhechores.
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