Un año más, nuestro país es un lugar relativamente seguro. Eso indica el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) de la Universidad Camilo José Cela, elaborado por su Departamento de Criminología.
Según las investigadoras del proyecto Ángeles Custodios, nuestro índice de seguridad para el año 2011 es del 6,61, cuando en 2010 era del 6.22. Inexplicablemente, España gana en seguridad, a pesar de las razonadas protestas del portavoz del comité de seguridad de la CEOE, don Armando Rodríguez, también representante del Gremio de Joyeros. Rodríguez denuncia la incidencia de la reincidencia, tremendo mal endémico. Un dato: unos 60 individuos suman unas 3.000 detenciones. Esto no lo recoge el ISC.
Las cifras que manejan los investigadores son oficiales, procedentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, de todas las fuentes autorizadas accesibles. El ISC lleva recopilándose tres años; el primero obligó a las instancias oficiales a facilitar datos que permanecían secretos: los de las cifras reales del crimen organizado, por ejemplo.
El ISC pone de manifiesto la lucha titánica que libra la policía española, que aun así precisa una puesta al día. No hace mucho El País informaba de que en EEUU el simple hecho de haberse facilitado el acceso de los policías a la universidad había mejorado la seguridad ciudadana. En España debe hacerse algo más profundo: incluir programas de criminología en la preparación básica policial, y que los estudios permitan el acceso a la universidad para cursar el grado pertinente.
La mera existencia del ISC obliga a la continuidad de la estadística. Con el ministro Rubalcaba vivimos episodios de misteriosa desaparición de estadísticas relacionadas con el crimen; pero finalmente tuvieron que aflorar, y el trabajo de análisis y limpieza de los Ángeles Custodios fue verdaderamente notable. En aquella lucha contra la escasez de datos fiables podía encontrarse, en nuestra trinchera de investigadores, a Ignacio Cosidó, entonces joven diputado del PP y hoy director general de la Policía.
Ahora bien, las cifras siguen siendo difíciles de obtener. La inseguridad ciudadana se significa como el quinto problema de España: tras el paro, la economía, la clase política y la inmigración. Se produce un aumento significativo en el número de homicidios dolosos. Lo que confirma la violencia y crueldad del nuevo delito.
Según lo que tenemos medido, y según lo mide el Ministerio del Interior, España sigue siendo segura, pero hay parcelas que siguen siendo complicadas y dan la razón, por ejemplo, a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia y fiel denunciante de los crímenes de odio, tan caros a los extremistas nazis. La directiva europea ha dictado normas para obligar a mejorar y normalizar las estadísticas del crimen, y a eso venimos contribuyendo los criminólogos de la UCJC.
La batalla contra el crimen organizado se resuelve a favor de la magnífica policía española, que pese a las diferencias abismales de preparación y medios ha batido la marca de 6.458 personas detenidas en el último año computado. El número de grupos totalmente desarticulados sube a 383, lo que marca todo un récord de eficacia policial.
El gasto en seguridad pública desciende en 2011, pero los recursos humanos (58.000 personas) ascienden un 30,6%. Por el contrario, la evolución de la facturación del sector privado experimenta un brusco descenso: de 3.531 a 3.386 millones de euros; y sin embargo también aquí aumenta la plantilla: 89.750 personas.
De las simples cifras se deduce que la crisis económica impide una mayor inversión en el ámbito de respuesta social al delito y un descenso de la facturación de la seguridad privada.