Paroteros: dícese de los delincuentes peligrosos que fueron liberados por el Gobierno con más prisa que un burro con guindilla, algo que no tiene parangón y nada parecido se recuerda en una acción judicial desde el tal tropezón de la llamada Doctrina Parot en el Tribunal de Estrasburgo, siendo, no por casualidad, ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Se debió a una operación política que dinamizó la excarcelación en España haciéndola rivalizar con la velocidad de la luz. La Doctrina Parot consiste en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido que suele ser de 30 años de cárcel.
Aunque al principio Gallardón dijo que lo de Estrasburgo se trataba de un fallo que afectaba solo a una etarra, y no una doctrina general, la cosa se resolvió por arte de birlibirloque poniendo criminales en la calle a toda prisa y sin contemplaciones. Tanto que al asesino de Alcácer que no quería salir lo echaron literalmente. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo resolvió sobre la sentencia de la etarra Inés del Río y dándole hilo a la cometa habría permitido retrasar la salida de delincuentes comunes. Pero no esperaron y varios delincuentes, los más peligrosos, se hicieron paroteros y quizá andan por ahí al acecho.
La Doctrina Parot fue un parche chanchullero que pretendía evitar lo que la ley permite ampliamente: que los criminales reincidentes paguen solo por uno de sus delitos. Si matan dos veces, al final pagan solo por uno. En la línea de imitación de la rebaja al sanguinario Parot, condenado a 4.700 años por 82 asesinatos. Es decir, que la Parot acababa con el dos por uno. En un ataque de inspiración, el Supremo decidió aplicar al terrorista un recuento que alargaba su condena. Poco a poco el parche se extendió a los presos comunes, con gran contento de la población que se siente amenazada. Un asesino como Miguel Ricart, el del caso Alcacer, por ejemplo, que violó y mató a tres niñas, fue aplastado por la Parot; y también el violador del portal, Pablo Manuel García Ribado, que había sido condenado originariamente a 1.716 años por 53 violaciones; el del estilete, Félix Vidal Anido, 70 años por varias violaciones muy violentas, y Antonio García Carbonell, condenado a 270 años por más de una docena de violaciones y ahora detenido por la supuesta comisión de un homicidio cuatro meses después de convertirse en parotero.
La Doctrina Parot no era más que una solución traída por los pelos que no resistía una segunda mirada, pero sirvió para que pese a la inactividad de los políticos que debieran legislar, se tuviera la ilusión de un avance: por primera vez en mucho tiempo los delincuentes más peligrosos recibían lo que merecían. Sin embargo, el procedimiento era inusual, un mal apaño. Así, los del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo echaron abajo.
Pero si al principio afectaba solo a una etarra, ¿por qué el Gobierno decidió poner a todos los demás en la calle? Tal vez para no andarse con un nuevo desgaste político cada vez que los abogados lo llevaran a Estrasburgo, aunque sabían que los liberados eran personas a punto de explotar. Y sin reinsertar.
El Gobierno tendría que haber aguantado hasta que se hubiera decidido a legislar adecuando las leyes a las necesidades. En materia de leyes, el propio Gallardón no se atrevió con la reforma de la Ley del Menor, ni el Gobierno entero, con la que ya había anunciado del aborto.
Por otro lado, entre los presuntos asesinos los hay cada vez más viejos. En el caso de García Carbonell, primer liberado por la derogación de la Parot, ya ha cumplido los 78 años. Es un septuagenario cuya libertad fue desaconsejada por la junta de tratamiento.
Así que deberían estar preparando una ley que contemple estos nuevos supuestos y permita menos bromas con los grandes crímenes, los agresores sexuales y los asesinos de niños. Que sirva para poner a salvo a los ciudadanos. ¿Hay alguien totalmente culpable de que los paroteros hayan vuelto a hacer daño? No cabe ninguna duda.