El Estatut era un empeño personal del presidente Zapatero. Fue él quien, sin que nadie se lo pidiera, y creyendo que no ganaría las elecciones, se comprometió a aceptar "como venga" un texto del parlamento catalán. Pues bien: ya ha venido y ya ha vuelto. Y en su camino no ha dejado títere con cabeza. La persistente anestesia que se ha apoderado de la sociedad española desde el 11-M está paliando los efectos que cabalmente debería causar semejante patinazo, pero sólo es cuestión de tiempo: poco a poco, la opinión pública va despertando y empieza a percibir el calibre de la calamidad.
El nuevo Estatuto de Cataluña salió del parlamento catalán con un apoyo del 89% de los votos. Cuando pasó por el Congreso, su porcentaje de aprobación había descendido al 54% de la Cámara. Ha salido del Senado con un 49%. Según ha retornado a Cataluña, ha provocado una crisis de Gobierno que en buena lógica debería conducir a unas elecciones anticipadas. Ciertamente, ya sabemos que en la Cataluña actual nada es lógico, pero esto no hace sino aumentar el carácter de irresponsable disparate de todo este episodio. La progresiva pérdida de apoyos del Estatut es algo más que una cuestión de números: expresa la pérdida de legitimidad del proyecto. Una iniciativa que nunca fue plenamente democrática, que arrancó con un sectario carácter de exclusión, que ha sorteado torticeramente los cauces prescritos para toda norma que implique una reforma de la Constitución –como es el caso–, desemboca ahora en un forzado final con crisis de gobierno autonómico incluida. Por el camino, aquel presidente que se comprometió a aceptar el Estatut "como venga" ha traicionado a sus aliados de Esquerra, los ha cambiado por otros y ha dejado en una situación insostenible al presidente socialista del Gobierno catalán, cuyo futuro se da ya por amortizado. Al mismo tiempo, otras comunidades, como Andalucía, siguen el ejemplo catalán y se apresuran a estirar las costuras de la Constitución hasta sacarlas de quicio. Todo esto es la historia de un despropósito fenomenal.
Pero las consecuencias de la irresponsabilidad gubernamental no han hecho más que empezar. Pronto el Estatut se someterá a referéndum en Cataluña. Primer dislate: sólo una comunidad va a tener derecho a decidir sobre un texto que sin embargo afecta al conjunto de España. Segundo dislate: por las cifras que se barajan en torno a la participación y la intención de voto, no parece que el número de votos afirmativos al Estatut vaya a superar, en ningún caso, el 50% real del electorado catalán. Tercer dislate: de entre las principales fuerzas que apoyan el Estatut, socialistas y convergentes, éstos últimos ya han hecho saber que aspiran a más, lo cual significa que el problema no se ha resuelto sino que, simplemente, se ha aplazado. Cuarto dislate: la gestión de Zapatero ha permitido que quien más reforzada haya salido para el futuro, pese a su fracaso político inmediato, sea Esquerra Republicana, un partido casi marginal hasta hace poco y que, tras este episodio del Estatut, se ha convertido en un agente político decisivo no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España. Mientras tanto, se excluye a la oposición parlamentaria, que representa a diez millones de españoles.
La aventura del Estatut ha sido un gran charco donde el Gobierno Zapatero ha naufragado. Nada grave habría en ello si no fuera porque, en el trance, es la propia unidad de la nación española la que más está sufriendo. Ya hay un hecho por el que ZP pasará a la historia. No se le recordará con gratitud.