Parada ante un mural de Eva Duarte Perón (esposa del legendario hombre fuerte de Argentina Juan Domingo Perón y "primera dama del populismo") la recientemente reelegida presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner desvelaba un plan para hacerse con la mayoría de la propiedad de la principal compañía energética de Argentina, YPF, y devolverla al control estatal.
"Somos el único país de Latinoamérica, y casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales", dijo. "Esto es la recuperación de la soberanía de los recursos naturales de Argentina".
El país tomaría el control mayoritario de YPF, que actualmente tiene como su propietario mayoritario a Repsol, una empresa energética española. La principal queja presentada contra Repsol es que no ha hecho suficientes inversiones en desarrollo energético. Como su amigo y patrón Hugo Chávez (y como Evita) la presidenta Fernández cree que los recursos, ahorros y propiedades de una nación existen para servir fines partidistas.
Altos cargos europeos advirtieron de que la nacionalización tendría un escalofriante efecto sobre la inversión extranjera en Argentina. Por ejemplo, Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, se "inquietó al fijarse en que la presidenta se refirió en su discurso a las inversiones en otros sectores tales como las telecomunicaciones y la banca". El presidente de México Felipe Calderón fue incluso más categórico: "Nadie en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las inversiones". El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, que está batallando con unos desafíos económicos nacionales de gran magnitud, prometió represalias justificadas mientras Madrid lucha por conservar la calma financiera.
El movimiento contra Repsol llega en un momento en el que Argentina se ha dedicado a una estrategia igualmente nacionalista y depredadora, aplicando presiones diplomáticas y económicas en un intento de obligar a Gran Bretaña a abandonar las islas Malvinas. Además del tradicional nacionalismo argentino, uno de los factores subyacentes que motivan la actual agresividad ha sido la exploración petrolífera en torno a las Malvinas.
La repercusión de este movimiento sigue siendo incierta. Algunos comentaristas reconocen la capacidad de las naciones poseedoras de energía de nacionalizar, de romper contratos o de gravar con penalizaciones con relativa impunidad dada la gran demanda y las inmensas cantidades de capital global que buscan un lugar para invertir. The Economist observó que la presidenta Fernández "ya había arruinado la reputación de Argentina como un lugar seguro para hacer negocios mucho antes de la nacionalización de YPF". The Wall Street Journal denominó la medida como "matonesca" y pidió la expulsión de Argentina del G-20.
Al igual que con su postura de neutralidad sobre las Malvinas (o las Maldivas como las llamó Obama por error) la primera inclinación de la administración Obama es la de negar que existe un problema. Como recitó el portavoz de prensa del Departamento de Estado el 17 de abril: "La importancia de que nos suscribimos o adscribimos a la diversidad de los recursos energéticos. Creemos que es el mejor camino a tomar".
Mientras la administración baila su particular tango con otro espinoso asunto argentino, respecto a una cosa hay relativa certeza: cuando se trata de operar con la economía, tanto Fernández de Kirchner como Obama comparten la creencia en sus capacidades para desafiar las leyes de la gravedad en economía.