James Jay Carafano
Los eruditos legales estarán discutiendo durante algún tiempo acerca de la dudosa decisión dividida del Tribunal Supremo que declaró inconstitucionales los tribunales militares que Estados Unidos planificaba usar en Guantánamo. Sean cuales fueren los méritos legales de la decisión, he aquí lo que podemos decir con seguridad: la decisión no ayuda a nadie, ni siquiera a los terroristas.
Veamos primero unos cuantos antecedentes. Después de la invasión de Afganistán, Estados Unidos abrió un centro de detención en la base naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, para detener a combatientes ilegales, o sea, enemigos encontrados en el campo de batalla y otros lugares que no cumplían los requisitos para ser considerados presos de guerra según la Convención de Ginebra.
La administración Bush creó un campo para que todos estuviesen seguros. El aislar a enemigos peligrosos en instalaciones modernas aseguraba que los soldados que los cuidaban estuvieran a salvo de los prisioneros y de cualquiera que tratase de liberarlos. Los prisioneros estarían seguros porque se les podría atender bien en lugar de dejarlos en alguna cárcel del Tercer Mundo o entregados a sistemas legales en los que podrían ser sumariamente ejecutados o torturados a conveniencia. Los abogados de los prisioneros estarían más seguros porque podrían ver a sus clientes sin necesidad de viajar dando media vuelta al mundo para llegar a una zona de guerra.
El único problema con esta idea, en general, era ver qué se podía hacer con los prisioneros a largo plazo. El gobierno decidió usar tribunales militares para ver si estaba justificado mantener detenidos a los prisioneros o si se les podía soltar sin peligro. Ahora eso no sucederá. Todos pierden.
Los prisioneros pierden porque el proceso que podría haberles adjudicado un estatus ha sido cancelado por el tribunal. Simplemente tendrán que permanecer más tiempo en Cuba. Eso es así porque la decisión no ha puesto en duda la legitimidad del centro de Guantánamo o del derecho del gobierno a detener a combatientes ilegales.
Los críticos de la administración Bush pierden. Sus gritos para que cierren Guantánamo, particularmente estridentes en Europa estos días, sin duda alguna serán aún más estridentes. Aunque los críticos puedan sentirse envalentonados por la decisión, no deberían. El tribunal no ha ordenado al gobierno que suelte a nadie y algo me dice que no es muy probable que el gobierno vaya a hacerlo.
No obstante y sin duda alguna, los críticos seguirán machacando aunque sea un ritual inútil. Continuarán perdiendo la oportunidad de hacer algo verdaderamente útil: trabajar con Estados Unidos para desarrollar medios apropiados para capturar, detener y castigar a terroristas sospechosos que buscan encontrar un país fantasma en el que poder matar y mutilar con total impunidad más allá del alcance del brazo de la ley y del poder judicial que usamos para enfrentar el crimen cotidiano.
El gobierno pierde porque ha invertido 3 años desarrollando un procedimiento justo que salvaguarda los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y a la vez aplica justicia de forma humana. Ahora tendremos que empezar todo de nuevo hasta encontrar un procedimiento que el Tribunal Supremo pueda aceptar.
Dándonos cuenta de que muy poquito va a cambiar en Guantánamo como resultado del veredicto del tribunal, debemos preguntarnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Es simple:
Deberíamos admitir que no podemos resolver el problema con sólo desear que desaparezca. El campo de batalla de los terroristas transnacionales es, en esencia, cualquier sitio y tenemos que tener los medios prácticos para encontrarlos y encarcelarlos.
No podemos tratar a los combatientes ilegales como criminales comunes y corrientes o como a típicos prisioneros de guerra. Eso simplemente recompensa a estos individuos por romper las reglas del mundo civilizado.
Se nos va a tener que ocurrir alguna solución a largo plazo para adjudicar un estatus a los detenidos que al mismo tiempo responda a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y al Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo ha puesto el destino de los detenidos en Guantánamo de nuevo en el punto de partida. Esperemos que el próximo intento del gobierno al mover ficha sea un avance en la dirección correcta.
©2006 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg
James Jay Carafano, es investigador decano especializado en Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Fundación Heritage. Es coautor del libro: "Winning the Long War: Lessons From the Cold War for Defeating Terrorism and Preserving Freedom".