Esta fue la inusual pregunta que se le planteó al secretario de prensa de la Casa Blanca Jay Carney: "¿Tendría el presidente poder para ajustar la fecha de las elecciones?"
En cuestión de horas, los foros online y los expertos de las televisiones empezaron a citar los precedentes de elecciones pospuestas, siendo el más notable el de las elecciones a la alcaldía de Nueva York justo después del 11 de septiembre, unas elecciones municipales que, legalmente, no tienen nada que ver con el calendario de unas elecciones federales. Mirando la historia de Estados Unidos, está claro que no existe ningún precedente de aplazamiento de unas elecciones presidenciales nacionales, ni siquiera en medio de guerras internas o en el exterior. Es más, el presidente carece de la autoridad constitucional para alterar o posponer unas elecciones nacionales; el calendario electoral aparece especificado por un estatuto del Congreso, según autoriza la Constitución.
Ningún precedente en 225 años
Las elecciones presidenciales de 1812 tuvieron lugar mientras Estados Unidos estaba librando su cuarta guerra contra un enemigo exterior. El presidente James Madison buscó la reelección varios meses después de declarar la guerra a Gran Bretaña y ganó por el margen más estrecho hasta la fecha en la historia de Estados Unidos.
Las elecciones fueron un inconveniente para el desarrollo de la guerra y el resultado de estas era incierto debido a una agria división entre los partidos que estuvo cerca de convertirse en una escisión a nivel nacional, pero las elecciones se llevaron a cabo según el calendario. Y no se contempló seriamente el posponer las elecciones.
En 1864, en un estado de guerra aún más perturbador, el presidente Abraham Lincoln reconoció que las elecciones previstas para ese año "añadieron mucha tensión" a la lucha que estaba teniendo lugar, pero posponerlas no era una opción.
"No podemos tener un gobierno libre sin elecciones y si la rebelión pudiera obligarnos a adelantar o posponer unas elecciones nacionales, esta podría afirmar justamente que ya nos ha conquistado y destruido". Lincoln observó además que mantener el calendario electoral "demostró que un gobierno del pueblo puede llevar a cabo unas elecciones en medio de una enorme guerra civil. Hasta ahora en el mundo no se había conocido esta posibilidad".
Y por muy perturbadores que sean los huracanes, las guerras lo son mucho más. Considerando que Estados Unidos ha mantenido un calendario electoral regular e ininterrumpido durante más de dos siglos, incluso en tiempos de guerras devastadoras, el huracán Sandy parecería una extraña e improbable razón para posponer las elecciones presidenciales. De forma no muy diferente a 1864, nos encontramos ante una oportunidad de demostrar al mundo que el gobierno del pueblo americano puede celebrar unas elecciones nacionales incluso tras el paso de un terrible huracán. En sí mismo, 2012 es otro hito más en la continuidad del experimento americano del autogobierno constitucional.
¿Quién puede modificar el calendario?
Más allá de la ausencia de precedentes, es importante preguntarse quién tiene la autoridad legal para alterar unas elecciones previstas a nivel nacional. Ante esta cuestión, la respuesta de Carney fue: "No sé la respuesta a esa pregunta".
Lo que está claro es que el presidente no tiene tal autoridad. Si las elecciones del 6 de noviembre se tuvieran que posponer parcial o totalmente en Estados Unidos, este aplazamiento debe ser el resultado de la acción legislativa del Congreso. El Congreso tendría que modificar el estatuto que lleva estableciendo el día de las elecciones presidenciales desde 1854 (3 U.S.C, § 1) como "el martes siguiente al primer lunes de noviembre, a los cuatro años de cada elección de un presidente y un vicepresidente" o permitir un aplazamiento de las elecciones por causa de fuerza mayor en los estados afectados por el huracán.
Carney debería repasar su declaración para así indicar que la Casa Blanca comprende sus límites constitucionales y los casos históricos relativos a este asunto. Dejar en el aire esta cuestión simplemente les crea a los americanos la inquietud de preguntarse si el presidente comprende o no los límites de su autoridad constitucional en lo referente a las elecciones nacionales.