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¿Qué debemos hacer con los mercados financieros?

¿Cómo nos aseguramos de que las medidas tomadas para resolver la crisis no recompensarán a unos inversores que deben sufrir las consecuencias de sus decisiones ni crearán los incentivos para que otros inversores especulen contra el contribuyente?

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La creciente y acelerada agitación en los mercados financieros del mundo es tan severa que amenaza colapsar todo el sistema financiero. Eso, a su vez, amenaza trastornar y dañar enormemente a la economía, resultando en un torrente continuo de bancarrotas y pérdidas de empleo en sectores que de otra forma se contarían entre los sólidos.

Como principio general, el Gobierno federal no debe intervenir para evitar que se pague las consecuencias de tomar decisiones imprudentes en los negocios, incluso cuando esas decisiones se ven influenciadas por malos incentivos o regulaciones que emanan del Gobierno. Rescatar compañías que han hecho cálculos erróneos en el mercado lastra a los contribuyentes con costes que deberían soportar más bien aquellos que se equivocaron. Y una indicación de que el Gobierno salvará a un determinado grupo de inversores anima a otros a ponerse en la cola para que los ayuden y la perspectiva de la protección final induce a muchos más a tomar decisiones empresariales más arriesgadas: un fenómeno al que los economistas llaman "riesgo moral".

Pero puede haber raras situaciones en las que una oleada de malas decisiones en un sector tiene tales consecuencias calamitosas para las operaciones más básicas de la economía que otros sectores se ven amenazados, comprometiendo el funcionamiento de toda la economía. Estamos frente a esa situación. Y en estos raros casos, otro principio entra en juego: las instituciones del Gobierno tienen un papel crucial ayudando a asegurar la integridad de la infraestructura del mercado, desde la inviolabilidad de los contratos hasta la liquidez de los mercados financieros. Cuando el Gobierno deja de realizar este papel en momentos críticos, como por ejemplo al no mantener la liquidez después del desplome de la bolsa en 1929, los resultados pueden ser catastróficos. Como explicó el economista Milton Friedman, cuando la Reserva Federal no mantuvo la liquidez y el funcionamiento de los mercados de crédito, eso ayudó a desatar y profundizar la Gran Depresión.

El desafío hoy es cómo reconciliar estos dos principios a la luz de la crisis que ha estado envolviendo a los mercados financieros y de valores. ¿Cuál es el papel apropiado de las instituciones gubernamentales como el Consejo de la Reserva Federal, la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento del Tesoro? ¿Y cómo nos aseguramos de que las medidas tomadas para resolver la crisis no recompensarán a unos inversores que deben sufrir las consecuencias de sus decisiones, no crearán los incentivos para que otros inversores especulen contra el contribuyente y no ampliarán innecesariamente el intruso alcance del Gobierno?

A los legisladores les acaban de presentar el esquema de un expansivo y potencialmente costoso paquete de propuestas que dicen hacer falta para darle una solución permanente a la crisis. Esto viene a continuación de una serie de medidas y leyes que buscaban, sin éxito, detener el deterioro en los mercados financieros y afines. Mientras evalúan este paquete de medidas y otras propuestas, los legisladores deberían guiarse por las siguientes metas y estrategias:

  • No apoyar instituciones en quiebra o camino de la quiebra. El objetivo no debería ser mantener funcionando empresas con problemas sino asegurarse de que las reestructuren o que las disuelvan de forma que no causen excesivos perjuicios al sistema financiero en general. Así, por ejemplo, los responsables políticos no intentaron mantener a flote a Bear Stearns a pesar de que su repentino derrumbe habría trastocado mercados financieros de Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno aseguró su venta de forma ordenada.

  • No intentar apuntalar los precios. Los responsables políticos no deben tratar de evitar que las acciones o el precio de la vivienda caigan a los niveles propios que marca el mercado. El papel del Gobierno federal no es asegurarse de que los precios no caigan. No se deben frenar las prácticas como la "venta al descubierto" que por lo general tienden a bajar los precios ya que son parte del proceso por el cual el mercado determina el valor. Sin embargo, poner límites a estas prácticas puede ser apropiado como medidas de emergencia de muy corto plazo para "enfriar" mercados que se disparan. Por tanto, las medidas de la Comisión de Valores suspendiendo toda la venta al descubierto de acciones de determinados servicios financieros específicos por hasta 40 días servirán para tomarse un respiro, pero la restricción se debe retirar tan pronto como sea prudente.

  • No permitir que el Gobierno se convierta en el permanente "dueño de último recurso". Cualquier activo adquirido debe venderse tan expeditivamente como sea posible. La Resolution Trust Corporation, que a principios de los 90 adquirió los activos de cajas de ahorro en quiebra, es un modelo. Esos activos se mantuvieron en sociedades de capital riesgo con inversores privados, facilitando las ventas. Sea cual sea la estrategia que se siga en esta crisis no se debe permitir que el Gobierno entre en copropiedad de estas instituciones sino que simplemente adquiera activos.

  • Limitar la legislación estrictamente a la necesidad inmediata para estabilizar la situación financiera. A las pocas horas del anuncio por la administración Bush del plan de rescate financiero, ya había noticias en los medios de que los líderes del Congreso estaban pensando agregar disposiciones en una serie de otros temas que incluyen subsidios de desempleo, cupones de alimentos, infraestructura y fondos de asistencia sanitaria. Los legisladores deben oponerse totalmente a todas las tentativas de ampliar la legislación propuesta.

  • Evitar el "riesgo moral". Los responsables políticos deben asegurarse de que todos los implicados "se jueguen algo", de tal forma que haya incentivos para que tanto ellos como otros actores del mercado actúen responsablemente y para desanimar a quienes pudieran buscar una ayuda similar. Si una empresa privada es tan esencial para las operaciones financieras de la economía que necesita ayuda, el riesgo financiero del contribuyente debe minimizarse y los directores y accionistas deben sufrir las consecuencias de sus malos cálculos. En el plan de la administración, el riesgo moral no se evita por completo. Pero si se adopta este plan o algo parecido, el Congreso deberá exigir a las instituciones financieras que por lo menos reciban un precio muy rebajado por sus activos o que paguen una comisión importante por ayudarlos a liquidar su cartera de inversiones.

  • Definir escrupulosamente el papel de la Reserva Federal. La Reserva Federal debe usar sus responsabilidades como "prestamista de último recurso" para asegurar que haya liquidez, pero debe evitar la injustificable expansión indebida de esas responsabilidades a nuevas áreas. Por ejemplo, el préstamo de la Fed para proporcionar fondos a la aseguradora AIG fue una extensión moderada de la función clásica del "prestamista de último recurso", que facilita efectivo a empresas sin liquidez pero por lo demás solventes. Sin embargo, esta medida representa la primera vez que la Fed otorga ese tipo de financiación a una empresa que no es un banco. Puesto que las actividades de AIG estaban tan entrelazadas con las del sistema bancario, puede que esa extensión haya estado justificada. Pero esa autoridad no se debe ampliar a otros sectores como el industrial o las líneas aéreas.

  • Limitar el riesgo de pérdidas para el contribuyente y mantener estas medidas de forma temporal. Cualquier nuevo mecanismo o autoridad para detener el deterioro en el mercado debe asegurarse de que las empresas afectadas paguen un coste por ello y estén estrictamente limitadas en el tiempo y en su alcance para reducir al mínimo el riesgo de pérdidas para el contribuyente.

  • Asegurarse de que haya liquidez en el mercado pero exigir el precio total del seguro gubernamental. Los fondos mutuos de inversión, un elemento vital en el flujo de capital, se han visto casi completamente desestabilizados en estas semanas. Las iniciativas del Departamento del Tesoro ofreciendo garantías van destinadas a restaurar la confianza y permitir que el capital fluya nuevamente sin problemas. Sin embargo, el Departamento del Tesoro debe asegurarse de que el precio de cualquier seguro refleje por completo el riesgo del mercado.

Stuart M. Butler es vicepresidente de Estudios de Política Económica y Doméstica en la Fundación Heritage. Alison Acosta Fraser es directora del Instituto Económico Thomas A. Roe y James L. Gattuso es investigador de Politics Regulatoria del mismo instituto, parte de la Fundación Heritage

©2008 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg

©2014 Libertad.org
* Traducido por Miryam Lindberg

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