A simple vista y sin unas cuantas lecciones básicas de economía, el problema de la vivienda en España parece ser el producto de una maldición y su solución sólo podría llegar de la mano de un curandero –o curandera, dependiendo de la cuota–. Este puede que fuese el planteamiento de ZP cuando decidió crear el Ministerio de la Vivienda y poner a María Antonia Trujillo al frente. Nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que los despropósitos políticos en toda clase de medidas que afectan al acceso a la vivienda se amontonan desde hace demasiadas décadas. Desde el intervencionismo nacional-socialista del franquismo hasta el actual Plan de Choque fundamentado en subvenciones y ayudas que no sólo no atacan la raíz del problema sino que dificultan aún más su definitiva solución, todo ha sido un cúmulo de desatinos y afrentas a la inteligencia de los españoles.
A decir verdad, el problema de Trujillo no es, como dicen la oposición, los medios de comunicación y numerosos miembros del propio partido en el gobierno, que haya convertido la promesa de construir 180.000 viviendas en el mismo número de soluciones habitacionales, ni que anunciara que dejaría de publicar los datos relativos a la evolución del precio de la vivienda para desdecirse 24 horas más tarde. El problema tampoco consiste en que las competencias estén transferidas. De hecho, esa puede ser considerada como parte de nuestra salvación porque lo verdaderamente problemático sería que esta mujer tuviese entre sus competencias aplicar sin cortapisas sus ideas habitacional-socialistas. Todo esto puede haber generado confusión pero, como digo, no forma parte del verdadero problema.
Paradoja de paradojas, ha sido el Fondo Monetario Internacional, institución intervencionista y sin principios donde las haya, el que tuviese que explicar la semana pasada el problema a nuestra ministra. Y lo ha hecho de la forma más clara y escueta. Resumiendo mucho, el FMI revela que el Plan de Choque de la Vivienda no solucionará ningún problema porque: 1. no corrige el desigual trato fiscal a favor de la propiedad de viviendas y en contra del alquiler; 2. no acaba con la inseguridad jurídica que disuade a la mayoría de las familias que poseen segundas viviendas de ponerlas en alquiler; y 3. no modifica la espectacularmente restrictiva ley del suelo.
Vayamos por partes. En contra de lo que Trujillo ha declarado en más de una ocasión, para asombro de propios y extraños, el tercer punto viene a decir que sí existe un problema de suelo. En efecto, fruto de un auténtico fanatismo conservacionista, el 95% del suelo de España no es urbanizable. Además, su fuerte racionamiento, unido a un proceso de recalificación lento, largo, arbitrario y burocratizado que arrebata la toma de decisiones a los legítimos dueños, restringe enormemente la oferta de suelo ejerciendo una fuerte presión sobre su precio. Debido a todo esto y a la exigencia de una parte de los poderes públicos de que una proporción del escasísimo suelo urbanizable sea dedicada a la construcción de viviendas de protección oficial, a nadie debería de extrañar que el precio del suelo llegue a representar hasta el 60% del precio final de la vivienda. Si la ministra quiere enmendar sus desastrosas actuaciones iniciales y quién sabe si hasta salvar su cabeza política, podría liderar la liberalización del suelo devolviendo a los dueños la integridad de los derechos sobre su propiedad y, de paso, admirar cómo desciende el precio del mismo y el de la vivienda gracias a la ampliación y diversificación de la oferta.
Por el otro lado, los dos primeros puntos del FMI indican que también se equivoca Trujillo cuando señala a los especuladores y acaparadores como origen del problema de la vivienda en nuestro país. Raro es el que prefiere tener una vivienda vacía a sacarle unas perrillas cada mes. Si las familias españolas no ponen sus segundas viviendas en el mercado de alquiler es por la tremenda inseguridad jurídica con la que el propietario se encuentra en este campo. En este sentido, Trujillo, quién ya nada tiene que perder, podría abanderar una cruzada por el fortalecimiento en el orden administrativo y jurídico del derecho de propiedad que en breve espacio de tiempo haría florecer un pujante mercado de viviendas de alquiler en España.
Estos dos sencillo consejos aliviarían el peso del enorme ladrillo en el que la vivienda se ha convertido a lo largo de los últimos 40 años. Un giro más en la política de Maria Antonia pasará desapercibido en los pasillos de palacio pero eliminará merecidamente una de las mayores preocupaciones de los españoles.