En 2004 la Comisión Europea penalizó a Microsoft con una multa de 497 millones de euros y varias acciones empresariales forzosas. Se trata hasta el momento del mayor castigo impuesto a una empresa en Europa por "prácticas monopolísticas". El gran delito de la compañía norteamericana consistió en la integración de un programa audiovisual en el sistema operativo Windows y su posterior venta conjunta. Esta ha sido la infracción pero podría haber sido cualquier otra. Así es el reino de las leyes antitrust.
En realidad el motivo hay que encontrarlo en que la empresa de Redmond no deja de rivalizar con sus competidores aún cuando es la mayor del mercado. Vamos, que no se duerme en los laureles ni se olvida de que los consumidores son muy exigentes, que cambian constantemente su idea de lo que debe ser un producto y que hay que satisfacerles continuamente si uno quiere mantenerse como empresa líder en una industria.
Los miembros de la Comisión Europea tienen un poder tan arbitrario que pueden condenar por prácticas monopolísticas a quien les venga en gana. Ya digo que esta vez ha sido integrar productos como podía haber sido reducir o aumentar el precio de venta. Y le tocó a Microsoft como le podía haber tocado a Coca Cola o a cualquier empresa que irritase la sensibilidad del comisario de turno. Las políticas antitrust están fundamentadas en una teoría tan irreal de lo que es competencia perfecta que todo acto verdaderamente competitivo puede ser considerado una agresión contra el mercado y el consumidor. Como es lógico, incorporar nuevas funciones que ya pudieran comprarse por separado no iba a quedar fuera del espectro delictivo para quienes creen que sólo ellos y no el consumidor o las empresas deciden el futuro de las industrias.
Lo cierto es que la bromita pesada de culpar a una empresa por ampliar las posibilidades de su producto, tal y como les demanda la sociedad, ya le está costando un ojo de la cara a los consumidores de productos Microsoft, de bienes y servicios informáticos y a la sociedad en general: 497 millones de multa, 600 millones de euros en gastos de defensa jurídica y algunos más en los cambios de producción requeridos por la Comisión que suponen peores productos y menor ritmo de innovación.
La pasada semana se celebró en Bruselas la primera gran conferencia internacional que estudiaba los efectos perversos sobre la innovación de nuestras intervencionistas leyes antitrust. Entre el público se encontraba un importante número de miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión. La sorpresa de la jornada la aportaron estos planificadores que acudieron al evento con trajes que se venden con los botones integrados, anteojos con montura incorporada, máquinas de relojería con correas de la misma marca, zapatos de firmas que venden el calzado conjuntamente con los cordones, teléfonos móviles con cámaras y agendas, y coches oficiales con radios, ruedas, cristales, tapizado y GPS integrados. Parece que estos destructores del libre mercado, perfectos monopolizadores de las decisiones sobre cómo se tiene que competir, no están dispuestos a renunciar a la integración que nos prohíben a los millones de europeos que preferimos el Windows con el Media Player.
