El protocolo de Kyoto es adorado por unos y odiado por otros. Para los primeros representa la solución a supuestos problemas medioambientales de primera magnitud mientras que para los segundos constituye uno de los problemas económicos y ecológicos más grande de nuestro tiempo. Este martes 28 de marzo tendrá lugar una conferencia con cuatro ponencias que tratarán de explicar desde diversas perspectivas por qué Kyoto representa un gravísimo problema para el ser humano y difícilmente es capaz de solucionar algo.
Si tratamos de considerar a Kyoto como una solución, no queda claro cuál es el problema. La comunidad científica no se pone de acuerdo acerca de la existencia de un peligroso calentamiento global del planeta. Y son relativamente pocos los que creen que de existir, esté siendo provocado principalmente por la actividad del ser humano. Ni siquiera existe unanimidad en la consideración negativa o positiva de ese supuesto calentamiento. Es por eso que el protocolo de Kyoto se justifica mediante la aplicación de nefasto principio de precaución; es decir, se nos impone "por si acaso".
Pero es que, aún si se demostrase que estamos frente a un proceso de calentamiento global peligroso, Kyoto no sería una solución. El protocolo es capaz de reducir el crecimiento económico y detener el proceso de división del conocimiento que resulta en continuas innovaciones. Eso sí. Aumenta el paro, provoca redistribución internacional de la riqueza a favor de aquellos países que hayan sabido negociar mejor. Eso también. Fuerza deslocalizaciones artificiales que perjudican a toda la sociedad y sólo benefician a un grupo de privilegiados. Sí, además es un motor de ineficientes injusticias. En resumidas cuentas, el protocolo de Kyoto es una factoría de inmensos costes sociales que afectan especialmente a los más pobres y eso, por mucho que lo camuflen, difícilmente puede ser bueno para el medio ambiente en el que se desenvuelve el hombre.
Narbona negó en su día que la participación de España en este despropósito socio-económico fuese a resultar costosa. A día de hoy, emitiendo un 40% más de gases GEI que en 1990 y con el precio de los derechos de emisión por las nubes, la ministra ha tenido que recoger velas y reconocer que España lo tiene casi imposible para cumplir por lo que la factura para nuestra economía va a ser elevada. Pero no todo está perdido, también asegura que el gobierno trabajará para contener el coste económico. ¡Uf, qué alivio!
Eso sí, de abrir la mano intervencionista a la energía nuclear, la única barata y que no emite CO2, nada de nada. Ese tipo de soluciones seguras al hipotético problema del calentamiento antropogénico no molan a nuestros políticos. ¿Será porque no requieren el entrometimiento de los políticos en el libre ejercicio de las libertades individuales? Puede ser. Lo que está claro es que aquello que para Tocino, Matas y Narbona es la solución, para nosotros representa un grave problema.
