Sólo hay dos cosas capaces de poner de acuerdo a 27 políticos de distintos países europeos: la primera es armonizar mercados y la segunda es putear a las empresas para venderle al consumidor que los políticos son quienes realmente se preocupan por ellos. No es momento de hablar del fantasmagórico proceso de armonización pero sí de lo intervencionistas que pueden llegar a ser políticos de todo el espectro ideológico con tal de poner cara de redentores en la foto. Que la intervención termine por perjudicar al consumidor a largo plazo no interesa a nadie. Los problemas del intervencionismo tocará resolverlo en otra legislatura; una vez pasadas las próximas elecciones, que es el único horizonte que conoce el 99% de los políticos.
Un claro ejemplo de este intervencionismo populista es lo que ha tenido lugar esta semana en Hannover. Los ministros de telecomunicaciones de la UE han decidido llevar a cabo la mayor intervención sobre un precio de mercado que jamás haya tenido lugar en la Unión. Se trata de imponer un precio máximo a las llamadas de teléfonos móviles que se hacen desde el extranjero. Los señoritos han decidido que el precio máximo que se puede cobrar es de 50 céntimos de euro por minuto. En España este intervencionismo de corte populista no sorprende a nadie, pero fuera de nuestras fronteras se han quedado alucinados. Dicen los ministros que "la competencia no ha bajado los precios y no lo logrará". Así que, más frescos que una lechuga, imponen el precio máximo de medio euro que entrará en vigor antes del verano y, ni cortos ni perezosos, declaran solemnemente que "han logrado que las personas puedan tener unas buenas vacaciones de verano". Populismo en estado puro. Habría que preguntarles qué es lo habría que hacer con unos políticos que nunca bajan los impuestos, el precio que nos obligan a pagar por sus "servicios".
Hay varias cuestiones interesantes en este ataque al libre mercado que es el mayor sufrido por un sector en la historia de la Unión Europea. La primera es que la teoría chapista sobre la que se sustenta abre la puerta de un sinfín de intervenciones de consecuencias desastrosas. La función del mercado libre y del proceso de competencia empresarial no es bajar los precios hasta el nivel que guste a los políticos sino, más bien, garantizar que se respeta la propiedad privada en los medios de producción y los intercambios voluntarios. Así se consigue que los recursos afluyan hacia aquellas líneas de producción que generan más valor o, lo que es lo mismo, que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores en cada mercado. Al final el precio queda determinado por los consumidores en función de la oferta que haya. Otra cosa es que los políticos no estén permitiendo que en este mercado exista libertad de entrada, limitando así la oferta y elevando el precio.
Otra cuestión interesante es que los precios de servicio de roaming, que representan aproximadamente un 6 por ciento del volumen total de facturación de la telefonía móvil, varían muchísimo en función del proveedor. En Europa van desde el 1,87 euros de Vodafone a los 22,2 céntimos de KPN Mobile, pasando por el euro y un céntimo de telefónica móviles o los 88,7 céntimos de Orange. Así que el consumidor puede elegir proveedores con precios muy distintos y servicios bastante diferenciados. En este marco, el precio máximo impuesto sólo puede perjudicar el modelo de negocio de unas empresas y beneficiar al de otras, dañando el proceso dinámico de competencia y perjudicando en última instancia al consumidor final, que verá empeorar el servicio o elevar la factura por otro lado como consecuencia del intervencionismo político. Eso sí, los señores ministros se quedarán muy a gusto porque pueden anunciar a los cuatro vientos que te mejoran las vacaciones, te acurrucan por la noche y te ponen el chupete en la boquita.
