La llegada a Canarias de 647 inmigrantes en cayucos el pasado jueves ha hecho saltar todas las alarmas. Este nuevo record de llegada de "sin papeles" en un solo día supera en 80 personas el hasta entonces vigente, que databa del 18 de agosto de 2001. El sábado anterior fueron 456 los individuos que llegaron a Canarias. Con estas nuevas llegadas son ya casi 6.900 personas las que han arribado a las Afortunadas desde principio de año, cifra que supera al conjunto de los llegados en todo el año 2005. Es una marea creciente que por un lado refleja un drama humano y por el otro genera una enorme inquietud entre la población de Canarias.
Sin embargo, la verdadera inquietud es la que produce la actitud de nuestro gobierno para el que la solución se fundamenta en un Plan África que consiste en aumentar las partidas de gasto público en cooperación con países subsaharianos y abrir nuevas embajadas en la región. Estas medidas no tienen ninguna relación causal con la resolución del problema. La única cooperación capaz de ayudar a resolver el problema a largo plazo es la cooperación comercial libre entre individuos españoles y africanos que beneficien a ambas partes y ayuden a desarrollar a millones de personas en el continente africano. Las ayudas públicas sólo sirven para quitar dinero a los que son relativamente pobres en España y entregárselo a los ricos de los países pobres. Para colmo, avivará las múltiples corruptelas de la región y creará la falsa apariencia de que sin cambiar las instituciones, las actitudes y las aptitudes es posible crecer porque los recursos pueden caer del cielo.
Además, nuestro gobierno incurre en una contradicción manifiesta que agravará el problema a medio y largo plazo. El reforzamiento del Estado del Malestar que está llevando a cabo no puede ponerse en práctica acompañado de una política de puertas abiertas sin producir un gran conflicto social entre los ciudadanos españoles y los inmigrantes. En un mercado libre y dinámico gran parte de los problemas derivados de la inmigración ilegal desaparecen. Pero ahí donde los impuestos reducen la renta de los ciudadanos para financiar servicios públicos, los contribuyentes ven a los inmigrantes ilegales como el motivo de esos impuestos y la causa del deterioro de la calidad de unos servicios que por necesidad son escasos. Quizá por eso una reciente encuesta encargada por USA Today revela que el 60% de los norteamericanos está en contra del acceso gratuito de los inmigrantes ilegales a servicios como hospitales y colegios públicos.
La política de relativas puertas abiertas exige la liberalización de múltiples servicios públicos. Cualquier alternativa resultará en confrontaciones sociales tan dañinas como innecesarias. Liberalización o cierre de fronteras a cal y canto, esa es la cuestión que el gobierno se empeña en ignorar.
