El ministro de desempleo, Celestino Corbacho, ha afirmado este fin de semana que una reforma laboral que se hubiese aprobado allá cuando el Gobierno decía que no hacía falta y que mucho menos resultaba urgente, hubiese evitado parte de la destrucción de empleo que se ha producido en los pasados meses. A juzgar por lo que cuenta, el Gobierno hizo dejación de sus funciones porque "identificó que había que hacer esa reforma en el marco del diálogo social". No queda claro si el Ejecutivo nunca contó con que el diálogo social no fuera a llegar a buen puerto o si, teniendo presente esa posibilidad, realmente pensaban que la reforma no era importante. En cualquier caso, el desastre que han provocado con sus erróneos cálculos políticos es monumental.
Pero lo mejor de la entrevista llega cuando el periodista le pregunta al ministro si la reforma evitará que lleguemos a cinco millones de parados oficiales. Corbacho, ni corto ni perezoso, le responde que la "reforma no es para crear empleo". Usted, con toda la razón, se preguntará para qué demonios es entonces una reforma laboral que se aprueba en un momento en que el país tiene un 20% de desempleo. Corbacho sabe que esa pregunta es la que le haría cualquier español que escuchara su asombrosa afirmación y decide responderla antes de que se la formulen: "Es para evitar que se destruya". Esto ya es la repera. Si el objetivo de la reforma es realmente evitar la destrucción de empleo, resulta que llega con dos millones y medio de parados de retraso.
Aparte del sinsentido temporal de su contestación, la lógica de su argumento brilla por su ausencia. Según él, la generalización del despido a 33 días y los inciertos –y en todo caso modestos– resultados de los tímidos retoques en materia de convenios colectivos y despidos objetivos podrían ayudar a detener la destrucción de empleo. Lo cierto es que ninguna de estas tres medidas va a evitar más destrucción de empleo y, como él mismo reconoce, la reforma no contiene ninguna otra característica que permita albergar mucha esperanza para la creación de puestos de trabajo netos.
Pero si una reforma laboral en un país con cuatro millones y medio de parados no es para ayudar a generar empleo y nadie en su sano juicio puede esperar que evite destruirlo, ¿para qué es? Pues está claro: para decirle a los acreedores, esos que desde Alemania, Francia y EEUU le agobian a toda hora con llamadas exigiendo soluciones, que están haciendo algo y que el problema ya se encuentra en vías de ser solucionado. Se trata de aplicar internacionalmente la política pirotécnica que tan buenos resultados le dio en España. Claro que el cuento de que el nuevo mercado de trabajo será capaz de detener la destrucción de empleo se lo contará otro miembro del Gobierno a los socios europeos porque, tal y como viene a reconocer Corbacho, una cosa es lo que escribe el Gobierno en España y otra bien distinta la que cuenta el "ministro que habla con Bruselas". ¿Alguien se asombra todavía de que a España se le acabe el crédito?