El pasado día 22 tuvieron lugar las tan cacareadas elecciones autonómicas y municipales. No recuerdo si en anteriores comicios de esta naturaleza se produjo un cambio tan brusco en el mapa político. Tampoco recuerdo si la palabra auditoría saltó con tanta fuerza a la arena política como en esta ocasión. A mí, personalmente, me suena bien, pues me retrotrae a mi vida laboral.
No creo necesario decir que la auditoría es una herramienta utilizada en la gestión de empresas o de organizaciones con una finalidad de garantía y mejora de la misma. Partiendo de este principio, podemos recibir con alborozo el anuncio de los nuevos gestores políticos en los ayuntamientos o administraciones autonómicas. Me resulta difícil de entender que no se realicen con cierta periodicidad ya que, sin esta práctica, la gestión puede llevar a un deterioro de su eficacia y de su eficiencia. También se podrían evitar y prevenir irregularidades e incluso corruptelas. La realidad sociopolítica que vivimos es buena prueba de ello.
Ante las ventajas de esta práctica, habitual en la gestión de las empresas privadas, alguien podría objetar que ello supondría un coste añadido a la ya maltrecha estructura de costes de los productos o servicios. La experiencia refleja justo lo contrario en el ámbito de lo privado.
La condición "sine qua non" para garantizar el éxito de esta práctica es que el organismo auditor sea solvente, es decir, profesional, con capacidad técnica y con independencia del organismo a auditar. Los previsibles errores humanos suelen quedar aminorados porque la ejecución se realiza en equipo.
Actualmente se han extendido las auditorías a ámbitos distintos al administrativo-contable (gestión medioambiental, gestión de calidad etc.) y ello ha contribuido sin duda a la mejora de la competitividad de algún sector importante de nuestra economía como el automovilístico.
Retomando el asunto electoral y desde mi independencia, podemos constatar que en esta ocasión los resultados han confirmado las encuestas. Hace siete años, en unas elecciones generales, los sondeos fueron desmentidos por la realidad. ¿Hubo alguna razón para que así fuera? ¿Se pudo deber a algún programa de gobierno tan sugerente como el que nos condujo a la realidad que vivimos día a día? Sea como fuere, en aquella ocasión no se anunciaron auditorías, ignoro si se realizaron y cuáles fueron los resultados.
Al margen de cuestiones políticas, creo conveniente recordar que aquellos comicios vinieron precedidos por una masacre en los trenes de cercanías. Nada comparable con lo de la Puerta del Sol. El Estado tenía y sigue teniendo el deber de haberla investigado policial y judicialmente, de haber identificado y castigado a todos los implicados y de haber aplicado un plan de acciones correctivas y preventivas que evitara su repetición y las causas que la originaron. Frente a lo que nos han dicho y mostrado como hechos probados, nada se ha hecho según lo prescrito o al menos no ha sido eficaz ni eficiente.
Desde mi modesto razonamiento, creo que la gravedad de este atentado político supera en importancia cualquier irregularidad administrativa o financiera de las que se piensan auditar. ¿No sería más lógico y urgente auditar a todos los organismos que han realizado un trabajo ineficaz e ineficiente respecto al 11-M?
¿No sería conveniente auditar a los que han impedido la investigación? Alguien puede objetar que las investigaciones policiales, la instrucción sumarial, el juicio, la sentencia etc., son infalibles, pero la tozudez de la realidad demuestra justamente lo contrario. Al menos esta es mi pobre visión de los hechos. El tiempo y la perseverancia de unos pocos así como el silencio y el "olvido forzoso" de casi todos van haciendo que, algún día no lejano, las piezas (auténticas y falsas) del 11-M nos permitan configurar el rompecabezas de lo que realmente sucedió.
Si los gobiernos dedican sabrosas partidas presupuestarias para la preservación de especies en extinción, ¿van a escatimar esfuerzos para preservar la especie humana?