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Auditorias a los atentados del 11-M

La pasividad, el silencio y el olvido impuesto por el Estado de Derecho, en todos los ámbitos representativos del mismo, hacen presagiar lo peor.

Gabriel Moris
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Han pasado ocho años y casi ocho meses de los atentados de los Trenes de Cercanías. El mayor saldo de muertos y heridos cobrado por el terrorismo en España y Europa, por autores aún desconocidos policial y judicialmente. La pasividad, el silencio y el olvido impuesto por el Estado de Derecho, en todos los ámbitos representativos del mismo, hacen presagiar lo peor, no sólo respecto a la autoría, sino en todo lo concerniente al tratamiento dado por las Instituciones del Estado, por los medios de comunicación en general, así como por la sociedad.

No quisiera transmitir pesimismo en mis reflexiones. Creo que de los hechos más horrendos de la historia de la Humanidad a veces han brotado cambios compensatorios a los males producidos. De otra forma, la vida en la tierra sería el infierno. Yo estoy convencido de que el bien y el mal, la gloria y el infierno, conviven con el hombre a diario. Lo provechoso para el hombre consiste en saber optar por el bien y evitar el mal, acercarse a la gloria y distanciarse del infierno.

Durante al año que se nos acaba han tenido lugar tres hechos sobre las investigaciones de los atentados del 11M que dejan al descubierto el interés de nuestro Estado de Derecho por ocultar a los autores de dichos atentados. Esta afirmación puede resultar dura pero, siendo así, con seguridad que es menos dura que la realidad a la que nos han conducido a unos padres o hermanos que perdieron lo más importante de sus vidas, su ser querido, sólo por desplazarse a trabajar en tren, aquel jueves once de marzo de 2004, cuatro días antes de celebrarse unas elecciones legislativas. No, no me repitan la cantinela de Irak, Al Qaeda, Ben Laden, los moritos o Jamal Zougan. Eso, a estas alturas, no lo sostienen ni sus inventores. El silencio y el olvido, en parte, los imponen por esa razón, es decir, por lo ilógico e inexplicable de lo que se nos ha dicho.

Los hechos aludidos son las siguientes:

En primer lugar el archivo por la Audiencia de Madrid de las diligencias practicadas, con paso firme, por la juez Coro Cillán, sobre los posibles delitos cometidos por el exjefe de los Tedax y la perito que impidieron conocer, en tiempo real, la composición de los restos de explosivos procedentes de los trenes explosionados. Antes de ello, la instructora fue objeto de acciones de "acoso y derribo", utilizando la jerga taurina. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M recurrió ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa y, hasta la fecha, el máximo órgano judicial guarda silencio.

En segundo término, los abogados de oficio que defienden la causa de Jamal Zougan –único condenado por su presencia en los trenes– han presentado una querella por presunción de falso testimonio contra las dos testigos rumanas, testigos protegidos aún, cuyo testimonio cargó con cuarenta mil años de prisión al citado autor material, según la sentencia. Ni la juez del Juzgado de Instrucción de Madrid, ni la fiscal, ni el Ministerio del Interior, permiten el inicio de la fase de instrucción al no haber revelado hasta hoy la identidad de ambas personas al tratarse de testigos protegidos (ver diario El Mundo de 21 de octubre). Esta dilación, incomprensible, es otra prueba más de las trabas de los poderes Ejecutivo y Judicial para clarificar la verdad del 11M.

El 5 de marzo del año en curso, Libertad Digital publicó la aparición de los restos del único vagón explosionado en la estación de Santa Eugenia. El foco explosionado lo conservaba Tafesa en Villaverde, al parecer con el conocimiento del Juez Instructor, de Renfe y bajo la vigilancia de la Policía y la Guardia Civil. Este es el único resto de los vagones explosionados que se conserva, su existencia se conoce públicamente ocho años después de los atentados y no se utilizó como prueba ni en la instrucción ni en el juicio. La Fiscalía General del Estado solicitó en su día sendos informes a las Fiscalías de Madrid y de la Audiencia Nacional, sobre el foco perdido y hallado pero, ocho meses después del hallazgo, el Ministerio Fiscal, el representante de las víctimas y del pueblo, guarda silencio sobre la utilización que se pueda y se deba hacer del único resto aparecido de todo el material desaparecido, contraviniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Estos tres casos, reales y actuales, ponen en evidencia la actitud de silencio y olvido para mantener el oscurantismo planificado y practicado por las Instituciones del Estado en un atentado pendiente de investigar y sentenciar en su totalidad.

Ante la actitud de los Poderes Públicos para con los Atentados del 11M creo que sería imprescindible realizar una AUDITORIA por organismos internacionales independientes.

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